Hatun Hillakuy 2008-Hatun Willakuy. Versión abreviada del Informe | Page 102

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Probablemente irrelevante para un observador externo para el que una persona considerada como
«rica» en este contexto se ubicaría tanto como una pobre en el quintil inferior de la distribución de
ingresos del país.
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esta presencia fue legitimándose a partir de un discurso político igualitario, que
apelaba a ideales de justicia social y que era acompañado con la puesta en práctica
de un orden extremadamente autoritario que eliminó rápidamente, para
satisfacción de la población, las conductas antisociales, los robos y el abigeato. En
estas sociedades, con una gran violencia interna y envidia por el acceso diferen-
ciado a los recursos, el asesinato y el reparto de los bienes y ganado de los ricos
(comuneros con mayores recursos y normalmente con más poder) y de los
medianos hacendados que todavía existían contribuyeron a la adhesión de
muchos campesinos a una propuesta política que era presentada de forma
elemental. Proponía una sociedad igualitaria, en la cual debía imperar una justicia
vertical firme y debía estar conducida por personas letradas.
Pero estas sociedades no habían estado ausentes de los procesos de cambio
experimentados por el país en la segunda mitad del siglo XX. En Ayacucho, parti-
cularmente en la cuenca del río Pampas (provincias de Víctor Fajardo, Cangallo,
Huancasancos y Vilcashuamán) y en las provincias del norte (Huanta, Huamanga,
La Mar), predominó un régimen tradicional de haciendas de mediados del siglo
XX. En la mayoría de los casos, sin embargo, estas haciendas, muy poco rentables
en una economía que se modernizaba, estaban en decadencia. En los años 70, en
un contexto de mayor movilidad y migración temporal de los campesinos, mu-
chas haciendas fueron compradas por las comunidades del entorno o por sus
feudatarios, constituidos luego de la compra en nuevas comunidades. En
Vilcashuamán, muchas comunidades tienen este origen. En Víctor Fajardo, la úni-
ca hacienda que existía al momento de la Reforma Agraria estaba desde hacía
tiempo en manos de los campesinos. Así, desde mediados del siglo XX, se había
producido un proceso de ampliación de los recursos de las familias comuneras
por adquisición de pedazos de haciendas en decadencia. Esta ampliación, sin em-
bargo, había sido conflictiva entre las comunidades y desigual en su interior, de-
pendiendo del mayor o menor acceso a recursos monetarios y a diversas relacio-
nes de cercanía con el antiguo hacendado. El viejo poder del hacendado, con su
consiguiente control de los cargos de autoridad y de justicia, fue precariamente
sustituido por estos nuevos campesinos acomodados.
Como antes con los hacendados, cuyo poder personal no fue sustituido por
un aparato burocrático moderno, salvo en el corto período entre 1970 y 1975 en
que el Estado construyó el Sistema Nacional de Movilización Social (SINAMOS)
—una red de funcionarios que llegaba a todos los pueblos del país—, el poder
estatal estaba en manos de agentes locales, muchas veces utilizado para sus pro-
pios fines.
Sobre los conflictos de esta nueva desigualdad 36 en el acceso a los recursos y en
su vinculación con mecanismos locales de poder, se insertó y se enraizó la prédica