Gestión del Riesgo en Colombia Gestion Riesgo Banco Mundial Colombia | Page 352

administradores de su territorio, responsa-
bles de la prestación de servicios públicos y
de la gestión del riesgo. La falta de políticas
y herramientas para la gestión del riesgo en
los diferentes sectores, así como estrategias de
acompañamiento, complementariedad y trans-
ferencia de capacidades a los entes territoriales,
pueden considerarse como unos de los princi-
pales factores de la generación de riesgos. Por
ejemplo, según la Ley 136 de 1994, en materia
de vivienda los municipios están obligados a
reglamentar el uso del suelo, el control y la vigi-
lancia en la construcción y en la enajenación de
los inmuebles destinados a vivienda. Sin em-
bargo, sólo 35 ciudades del país tienen Curado-
res Urbanos y cerca del 90% de los municipios
colombianos (categorías 5 y 6) no disponen de
funcionarios capacitados, ni recursos suficien-
tes para cumplir apropiadamente estas labores.
En cuanto al sector de transporte, los munici-
pios son responsables de la red terciaria, que en
general presenta las mayores vulnerabilidades.
Se cuentan con desarrollos importantes
en la disponibilidad de información en las esfe-
ras de energía y educación, mientras que otros
ámbitos muestran limitaciones en el conoci-
miento del riesgo, elemento clave para el diseño
de las políticas sectoriales. El sector energético
dispone de información en tiempo real sobre
los niveles de los embalses hidroeléctricos y
sobre pronósticos climáticos, lo que le ha per-
mitido tomar decisiones oportunas para evitar
desabastecimientos del servicio. En cuanto al
ámbito educativo, está en proceso de elaborar
un inventario de su infraestructura y cuenta
con mecanismos definidos para la evaluación
de daños postemergencia, los cuales se imple-
mentaron en el censo de las afectaciones sufri-
das por el fenómeno de La Niña 2010-2011 y
han mostrado ser herramientas muy valiosas
para atender oportunamente las necesidades
de este sector durante la última emergencia. En
otros ámbitos la disponibilidad de información
sistemática y previa con el nivel de detalle re-
querido para tomar decisiones es aún limitada.
Desafortunadamente, en otros sectores
la falta de aplicación de herramientas técnicas
y normativas de diseño que aseguren una ade-
cuada localización y calidad de la infraestruc-
tura, está condicionando la vulnerabilidad de
los sistemas. La débil normatividad técnica y
mecanismos que permitan incorporar criterios
de seguridad desde la prefactibilidad de los pro-
yectos, así como en los diseños, construcción y
operación de la infraestructura de los diferen-
tes servicios y sistemas productivos, generan
condiciones de riesgo. Esto es especialmente
crítico en los sistemas viales y de agua potable
y saneamiento. Las condiciones climáticas del
país, la difícil topografía y la geología joven de
los Andes son bastante exigentes, pero la verda-
dera causa de los impactos de los desastres en
la infraestructura vial son las deficiencias en su
diseño, prevención y mantenimiento.
El incremento y la acumulación de la vul-
nerabilidad de las edificaciones habitacionales
frente a los fenómenos peligrosos en Colom-
bia, se deben principalmente al crecimiento de
la vivienda informal, al incumplimiento de
estándares de diseño y de construcción, a su
localización en zonas de peligro, a la posible
presencia de fenómenos naturales, y a la falta
de estrategias para intervenir las construc-
ciones anteriores a la primera norma de sis-
mo resistencia (1984). Según la información de
DesInventar (Corporación OSSO-EAFIT, 2011),
de las 190 mil viviendas destruidas por desas-
tres en el país, durante el período de 1970-2011,
las inundaciones fueron las que generaron las
mayores pérdidas, con más de 79 mil unidades;
mientras que los sismos generaron un total de
51 mil viviendas afectadas, los deslizamientos
casi 18 mil, las erupciones volcánicas 5.400
y otros eventos, como vendavales, incendios,
Balance final y recomendaciones para fortalecer la gestión pública en materia del riesgo de desastres
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