Gestión del Riesgo en Colombia Gestion Riesgo Banco Mundial Colombia | Page 310

plementariedad y subsidiariedad con las enti-
dades territoriales, y el papel del sector privado
(más detalles sobre este aspecto se presentan en
las recomendaciones del Capítulo 5).
Ajustar la normatividad para aclarar la
responsabilidad del sector privado en materia
de gestión del riesgo, y fortalecer la defensa de
las entidades públicas para reducir las contin-
gencias fiscales del Estado por demandas en
este tema. Normas claras sobre la responsabilidad
de los agentes privados fortalecen la defensa de
las entidades públicas ante los estrados judiciales.
Adicionalmente, la definición sobre la adecuada
incorporación de la gestión del riesgo en la gestión
pública minimiza el riesgo de vulnerabilidad y las
pérdidas originadas por el accionar del Estado.
Además de las prioridades en esta materia, identifi-
cadas en las recomendaciones del Capítulo 5, otras
relacionadas con la gestión sectorial pública son:
• Analizar los riesgos y alternativas desde la
prefactibilidad de los proyectos. Incorporar
este tema en las normas de los Bancos de
Proyectos de Inversión Pública (BPIN).
• Regular los contratos de concesión, particu-
larmente atender el Conpes 3107 de 2001,
asignando la responsabilidad de la gestión
del riesgo de desastres por eventos de ori-
gen natural al inversionista privado como un
riesgo transferible a través de pólizas de se-
guros y otros mecanismos financieros.
• Reglamentos técnicos de cada sector, como
actualización del código de puentes. Culmi-
nar el proceso de adopción del Capítulo de
Gestión del Riesgo en el Reglamento Técni-
co del Sector de Agua Potable y Saneamiento
RAS, entre otros.
• Articular entre los sectores agropecuario,
minero y ambiental estrategias para la
reglamentación y aplicación del reciente
Régimen Sancionatorio Ambiental, en ma-
teria de actividades ilegales de deforesta-
ción, desecación, invasión de humedales,
alteración de cauces de agua, etc.
Diseñar e implementar una estrategia
integral de protección financiera del Estado
en sus diferentes niveles sectoriales y terri-
toriales, con el fin de garantizar una adecua-
da respuesta ante la ocurrencia de desastres
y proteger el equilibrio fiscal a largo plazo.
No hay información suficiente para determi-
nar las necesidades de financiación de los
eventos de baja frecuencia/alto costo, pero en
el caso del fenómeno de La Niña 2010-2011,
las inversiones presupuestadas fueron del or-
den de US$ 16 mil millones, diez veces más
que en el caso del terremoto del Eje Cafetero.
De cualquier forma, el cálculo de estos mon-
tos depende de la definición de las respon-
sabilidades del Estado y de la eficiencia con
que se ejecuten los recursos. Además de la
estrategia del Gobierno, sería conveniente la
constitución de fondos de gestión de riesgos
y estrategias de protección financiera a nivel
sectorial y territorial (municipios y departa-
mentos), para fomentar la corresponsabilidad
a la luz de los principios de complementarie-
dad y subsidiariedad:
• Estrategia nacional de protección financiera
(ver sección 4.3.4 y la Tabla 4.13).
• Estrategias de protección financiera para
cada sector, complementarias a la estrategia
nacional y bajo la coordinación del Minis-
terio de Hacienda y Crédito Público, con los
siguientes elementos: (i) identificación de las
necesidades de financiación; (ii) definición
de estrategias de retención y transferencia del
riesgo; (iii) fuentes de financiación nacionales
y sectoriales con reglas de complementarie-
dad definidas, para responder por el riesgo
retenido (fondos sectoriales, el Fondo Nacio-
nal de Calamidades el Fondo de Gestión del
Riesgo, incluido actualmente en el Proyecto
Manejo del riesgo de desastres en la gestión sectorial
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