Gestión del Riesgo en Colombia Gestion Riesgo Banco Mundial Colombia | Page 268

interconexión eléctrica nacional, ha sido un ele-
mento clave para enfrentar momentos de crisis;
también el país cuenta con el Centro de Control
de Respaldo, en caso de que la Sala de Opera-
ciones salga de funcionamiento. Adicionalmen-
te, desarrollos tecnológicos propios permiten
maximizar el uso de los sistemas ante la falta de
alguno de sus tramos. Además, las ventajas del
marco normativo del sector, promueve la libre
competencia y la inversión privada, al tiempo
que facilita intervenir ágilmente en casos de cri-
sis. Durante más de dos décadas, y especialmen-
te en periodos de mayor actividad del conflicto
armado, en el país no se han experimentado sus-
pensiones importantes en la prestación del ser-
vicio de energía; capacidad que es también útil
en el caso de desastres por fenómenos naturales
que afecten la infraestructura eléctrica.
El sector agropecuario, a pesar de ser
afectado recurrentemente por desastres, ha
tenido un avance normativo y de política inci-
piente en materia de gestión del riesgo; sin em-
bargo, el actual Plan Nacional de Desarrollo
(PND) plantea la adopción de una estrategia,
que incluye la adaptación al cambio climático
y los riesgos del mercado. Las actividades agro-
pecuarias son impactadas sistemáticamente por
desastres, incidiendo en el desarrollo económico
y social del área rural, y registrando las pérdidas
económicas más elevadas por eventos climáticos
extremos (Gráfica 4.5). No obstante, su política
se ha enfocado a otorgar compensaciones direc-
tas o alivios financieros a productores afectados,
y las intervenciones en prevención y mitigación
del riesgo han sido mínimas. En reconocimien-
to de la necesidad de un enfoque más integral,
el actual PDN adoptó una línea estratégica para
“Promover esquemas de gestión del riesgo y me-
jorar las condiciones para las inversiones en el
campo”, como una de las siete líneas prioritarias
para el sector agropecuario y de desarrollo rural.
En esta estrategia se incorpora el fortalecimien-
to de una cultura preventiva, la adopción de me-
canismos de adaptación al cambio climático y la
promoción del aseguramiento.
En cuanto al sector educativo, se cuenta
con una normatividad importante en materia
de gestión del riesgo de desastres. La Reso-
lución 7550 de 1994 regula las actuaciones del
Sistema Educativo Nacional en la Prevención
y Atención de Emergencias y Desastres. Exige
a las instituciones la conformación de Comités
Escolares de Prevención y Atención de Desas-
tres, y enfatiza en la necesidad de que las Se-
cretarías de Educación tengan la asesoría de los
CREPAD, la Junta Departamental de Educación
y la Dirección Nacional de Prevención y Aten-
ción de Desastres. Posteriormente, la Directiva
Ministerial No. 12 de julio del 2009 aborda de
manera integral el tema de gestión del riesgo en
el sector. Aunque su título se refiere a la “Con-
tinuidad de la prestación del servicio educati-
vo en situaciones de emergencia”, su contenido
trata también la prevención y la mitigación,
exigiendo a las Secretarías de la elaboración
de mapas de riesgos, la reubicación de instala-
ciones educativas en alto riesgo y la adopción
de planes de contingencia. Adicionalmente, da
instrucciones sobre la forma de articularse con
las demás instancias del Estado durante situa-
ciones de crisis y la manera como proceder para
gestionar recursos en la fase de reconstrucción.
Por otra parte, los contenidos curriculares se
enmarcan en la Política Nacional de Educación
Ambiental del 2002. Todo esto indica que el sec-
tor educativo dispone de instrumentos de políti-
ca y de normatividad importantes para avanzar
en la gestión del riesgo.
En el ámbito de vivienda, desde 1989,
se ha priorizado la reubicación de población
en alto riesgo y la restricción de construccio-
nes en zonas con condiciones no mitigables,
aunque ha habido pocos avances al respecto.
La Ley 9 de 1989, sobre reforma urbana, exige
Manejo del riesgo de desastres en la gestión sectorial
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