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adoptando un enfoque proactivo y estratégico,
en consideración a los principios de comple-
mentariedad y subsidiaridad definidos por la
Constitución Política de 1991. Estas capacidades
municipales están claramente diferenciadas de
acuerdo con la categorización dada por el DNP
y el DANE, lo que permite plantear recomenda-
ciones para los municipios con capacidad alta,
intermedia y baja (capacidades definidas en el
Capítulo 2 de este documento).
Revisar estructuralmente las limitacio-
nes en capacidades para la evaluación del ries-
go de desatres en aras de dar respuesta efectiva
a la demanda de conocimiento para los POT y
los PD. La implementación de la estrategia de
apoyo técnico, coordinada entre las entidades
nacionales y los departamentos, es imprescindi-
ble para la actualización de los POT municipales
y la formulación de los PD de las jurisdicciones
de menos de 50 mil habitantes. De acuerdo con la
Ley 507 de 1999 el Gobierno Nacional ha imple-
mentado asistencia técnica local, especialmente a
través del MVCT, la UNGRD y algunas CAR. No
obstante, se requiere aunar esfuerzos de otras enti-
dades gubernamentales como el IGAC, el DANE,
el Ideam, el Servicio Geológico Colombiano y
universidades o centros de investigación, con el
fin de optimizar la adquisición de información re-
querida por los municipios para la planificación y
gestión territorial, teniendo en cuenta la cobertura
y escala apropiadas. Asimismo, es preciso que los
departamentos lideren y apoyen con mayor fuerza
la formulación de los POT, y la incorporación de la
gestión del riesgo en los PD municipales.
Diseñar e implementar los Planes Terri-
toriales de Gestión de Riesgo (PTGR) como
instrumentos de carácter estratégico y pros-
pectivo, que orienten y permitan priorizar
las intervenciones y las inversiones a nivel
municipal y departamental. El PTGR preten-
de contribuir a la apropiación del conocimiento
de los escenarios del riesgo, a la aplicación de
intervenciones integrales para la reducción y
el control del mismo, y al fortalecimientos de
la acciones para el manejo de los desastres. Te-
niendo en cuenta que dicho instrumento denota
un carácter altamente participativo, el conjunto
de agentes institucionales y sociales que inter-
vienen en su diseño e implementación deben
estar involucrados en la toma de decisiones. En
ese contexto, el PTGR es formulado por equipos
técnicos de las instancias responsables en cada
unidad territorial, y concertado a nivel político
e institucional para generar una mayor apropia-
ción y establecer los criterios de priorización
según las necesidades (bancos de proyectos).
Así, se deben concertar las agendas, o planes
de acción, articuladas entre las entidades res-
ponsables para desarrollar procedimientos in-
ternos, definir tareas, canalizar y optimizar la
utilización de recursos disponibles (entidades
municipales, empresas públicas, sector priva-
do, gobernaciones, CAR, etc.), pues el PTGR
debe posibilitar la orientación del presupues-
to requerido para la gestión del riesgo de cada
una de las entidades que participen en él, según
sus funciones. A las instancias de planeación y
hacienda les corresponde mejorar los mecanis-
mos de asignación de recursos a los distintos
objetivos, políticas y tipos de gasto, para ratifi-
car, desde su origen, la reducción del riesgo en
el ámbito municipal y distrital. A continuación
se relacionan algunas recomendaciones especí-
ficas a considerar en los PTGR:
• Profundizar en el conocimiento de la ame-
naza, la vulnerabilidad y el riesgo, para
mejorar la acción de los entes territoriales
y de la sociedad en la gestión del riesgo.
La planificación debe estar acompañada
de una mayor inversión en conocimiento y
evaluación de amenazas y riesgos, que per-
mita orientar decisiones con base en escalas
de trabajo ajustadas y una visión dinámica
Rol de la administración del territorio en la gestión del riesgo de desastres
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