Gestión del Riesgo en Colombia Gestion Riesgo Banco Mundial Colombia | Page 225

públicas y privadas, es uno de los mejores ejem-
plos sobre la confluencia de diferentes actores e
intereses sobre el mismo territorio. La CAR y la
EAAB cumplen funciones de control de inun-
daciones y regulación hidráulica. Algunos em-
balses pertenecientes a la cuenca son operados
por diferentes entidades: la CAR (los embalses
de Neusa y Sisga), la EEB (el embalse de Tomi-
né) y la EAAB (el sistema del río Tunjuelo, los
embalses Los Tunjos, Chisacá, La Regadera y
Cantarrana). El manejo adecuado de caudales y
los niveles del río exigen un engranaje de todas
las entidades que tienen relación con la cuenca,
no sólo para la optimización del recurso hídri-
co, sino para el control en el crecimiento de los
niveles y para evitar las inundaciones en la tem-
porada de lluvias en la zona.
Las CAR, como entes encargados de la
elaboración de los Planes de Ordenamiento
de las Cuencas Hidrográficas, y de promover y
ejecutar obras de irrigación, avenamiento, de-
fensa contra las inundaciones, regulación de
cauces y corrientes de agua, y de recuperación
de tierras que sean necesarias para la defensa,
protección y adecuado manejo de las cuencas
hidrográficas del territorio de su jurisdicción,
juegan un papel fundamental en la planifica-
ción y el ordenamiento de éstas. No obstante,
las acciones requeridas para el control am-
biental y la reducción del riesgo se ven debi-
litadas por la falta de coordinación entre las
diversas entidades involucradas. De hecho, en
el Canal del Dique participan Cardique, la CRA
y Carsucre. Por otra parte, la CRA tiene alguna
responsabilidad sobre la ciénaga de Mallorquín,
el mar Caribe y el río Magdalena. Si bien se han
formado comisiones conjuntas para el ordena-
miento y manejo de las cuencas, sin duda debe
contarse con una coordinación integral y con los
recursos necesarios para adelantar las acciones
e inversiones definidas en los diferentes instru-
mentos de planificación.
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Los departamentos y los municipios
tienen responsabilidades directas con el ase-
guramiento en el suministro de agua potable.
La Ley 142 de 1994 sirvió como guía para la
adopción de una política de agua potable y sa-
neamiento básico. El sector se fundamenta en la
separación de las funciones de formulación de la
política, la regulación y el control, en cabeza del
Gobierno Nacional, y la responsabilidad de los
municipios de asegurar una prestación eficien-
te de los servicios. Los departamentos tienen el
deber de diseñar e implementar Planes Depar-
tamentales de Agua (PDA), como un conjun-
to de estrategias de planeación y coordinación
interinstitucional, con el objeto de lograr la ar-
monización integral de los recursos y la imple-
mentación de esquemas eficientes y sostenibles
en la prestación de los servicios públicos domi-
ciliarios de agua potable y saneamiento básico.
Todo esto implica una debida coordinación en-
tre los entes territoriales con las CAR en la opti-
mización del recurso hídrico.
Los grandes propietarios de tierras han
ejercido presión en el uso del suelo, especial-
mente en el desarrollo de la ganadería y la
agricultura. Estudios de la Universidad Nacio-
nal (CVS y Universidad Nacional de Colombia -
Sede Medellín, 2006) indican que históricamente
la estructura de tenencia de la tierra en el terri-
torio que comprende la cuenca hidrográfica del
Complejo Cenagoso del Bajo Sinú, se ha enmar-
cado en un modelo de latifundios destinados, en
la mayoría de los casos, a la ganadería extensiva,
la cual continúa avanzando en la absorción de
los minifundios e introduciendo tierras perte-
necientes a la zona de anegación del Complejo a
través de procesos de adecuación de las mismas,
mediante la construcción de canales de drena-
je, sistemas de bombeo y diques. Esta situación
además de afectar el ecosistema también crea
una problemática social, ya que rompe con una
forma cultural de relación de los pescadores y
Análisis de la gestión del riesgo de desastres en Colombia: un aporte para la construcción de políticas públicas