Gestión del Riesgo en Colombia Gestion Riesgo Banco Mundial Colombia | Page 226

campesinos con la dinámica natural del ecosis-
tema del cual devengan su sustento. La falta de
gestión pública, la no aplicación de las normas
existentes para el ordenamiento territorial, así
como la percepción de la población, que con-
sidera la ciénaga como un terreno “baldío”, un
territorio que no es de nadie y que no se valora
como un bien público, aumentan la problemáti-
ca causada por la tenencia de la tierra.
Algunos agentes sociales como los agri-
cultores, pescadores y jornaleros, en búsqueda
del sustento, desarrollan actividades que pro-
ducen un aumento de territorios sometidos a la
continua desecación de ciénagas y degradación
de manglares. En las últimas dos décadas se ha
instaurado en el Canal del Dique una importante
industria camaronera, que poco respeta las regu-
laciones medioambientales y ha afectado de gran
manera la riqueza en la zona de manglar, prote-
gida por tratados internacionales suscritos por
Colombia. Por otra parte, el proceso de adecua-
ción de tierras ilegales para aumentar la frontera
agrícola en detrimento de las ciénagas y hume-
dales, que son por demás zonas de uso público, es
una práctica que bloquea las salidas al Canal y los
caños de conexión.
Las universidades han acompañado los
procesos relacionados con el conocimiento
de las características hidrológicas e hidráu-
licas de las cuencas. Las universidades Nacio-
nal, del Norte y Los Andes, entre otras, con la
implementación de herramientas y tecnologías
de avanzada han participado en la modelación
de las cuencas, apoyando la toma de decisiones
de los gobiernos regionales y locales. El trabajo
conjunto de la academia con los entes territoria-
les y las autoridades ambientales debe continuar
a través de la implementación de estrategias de
cooperación y acuerdos interinstitucionales.
En la región de La Mojana los actores
institucionales actúan descoordinadamente y
coexisten condiciones de gran sensibilidad am-
biental con grandes procesos de transformación
socioeconómica, por lo que es necesario cono-
cer la relación existente entre estos dos compo-
nentes. En La Mojana persiste una baja capacidad
administrativa para planificar y gestionar el desa-
rrollo, a pesar de los esfuerzos nacionales para im-
pulsar la región. En la zona se requieren políticas
de desarrollo rural que contemplen las tecnologías
apropiadas para el medio natural.
Según las funciones establecidas por la
Ley Nacional (Ley 13 de 1990, Ley 41 de 1993,
Ley 160 de 1994 y Decreto 3759 de 2009), el
Incoder tiene por objeto fundamental ejecutar
la política agropecuaria y de desarrollo rural,
facilitar el acceso a los factores productivos,
fortalecer a las entidades territoriales y a sus
comunidades, y propiciar la articulación de
las acciones institucionales en el medio rural.
Estas acciones deben ser ejecutadas bajo princi-
pios de competitividad, equidad, sostenibilidad,
multifuncionalidad y descentralización, para
contribuir a mejorar la calidad de vida de los po-
bladores rurales y al desarrollo socioeconómico
del país. Dentro de las funciones dadas al Inco-
der se destacan, en primer lugar, la promoción
de la consolidación económica y social de las
áreas de desarrollo rural, mediante programas
productivos agropecuario, forestal y pesquero de
propósito común, que permitan atender realida-
des específicas de las comunidades rurales y étni-
cas. En segundo lugar, el Instituto también tiene
como función adelantar procesos de clarifica-
ción, deslinde y restitución de playones, madre-
viejas, áreas desecadas de ríos, lagos y ciénagas de
propiedad de la nación; regular el uso y manejo
de los playones y sabanas comunales; y proteger
las áreas protectoras de las cuencas de los ríos.
La coherencia técnica en el cumplimiento de las
dos funciones debería garantizar el correcto uso y
ocupación de las áreas de amortiguación natural,
sin generar conflicto con el desarrollo de las acti-
vidades agropecuarias en el país.
Rol de la administración del territorio en la gestión del riesgo de desastres
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