Gestión del Riesgo en Colombia Gestion Riesgo Banco Mundial Colombia | Page 198

llegar a una valoración de los riesgos, dispo-
niendo de información cartografiada y actua-
lizada sobre la dinámica hídrica regional y
urbana, deslizamientos, estudios de microzoni-
ficación sísmica, incendios forestales y eventos
tecnológicos; a partir de dicha información se
definen las restricciones y los condicionamien-
tos para cada área de la ciudad y para ciertas
actividades productivas. En esta ciudad se
destacan las inversiones para el reforzamien-
to estructural de infraestructura de servicios
públicos y equipamientos, y el reasentamiento
de familias en zonas de alto riesgo no mitiga-
ble 6 ; estos programas son de alta complejidad
por el carácter interinstitucional de las inter-
venciones, y por tener una elevada efectividad
para el mejoramiento de la calidad de vida, la
reducción de las contingencias públicas y el
control sobre la urbanización informal e ile-
gal 7 . No obstante, los municipios circundantes
a Bogotá han actuado de manera débil frente a
las condiciones y restricciones que el territorio
ofrece. En el caso de Manizales, las decisiones
que orientan el POT obedecen a la disponibili-
dad de estudios sustentados técnicamente (es-
tudios de amenazas, vulnerabilidades y riesgos
por deslizamientos, inundaciones, incendios
y sismos); cuenta con un ejercicio juicioso de
inventarios de viviendas en zonas de alto ries-
go 8 ; presenta decisiones sobre restricciones y
condicionamientos para construir en zonas de
amenaza media y baja por deslizamientos y en
zonas de inundaciones; establece la normati-
vidad aplicable a la construcción, las redes de
servicios y los planes parciales; y define reco-
mendaciones en el ámbito del conocimiento, la
reducción y el manejo del riesgo 9 .
El ordenamiento territorial no es un
proceso reciente para el país; sin embargo, se
ha avanzado de forma muy heterogénea entre
los municipios. Un bajo nivel de reconocimien-
to de los escenarios de riesgo y de sus necesi-
dades de gestión, vacíos en el conocimiento
de las amenazas y vulnerabilidades, falta de
articulación con instrumentos de inversión, y
debilidades en los mecanismos de seguimien-
to y control frente a la implementación de los
POT, son algunos de los obstáculos que redu-
cen la incorporación efectiva de la gestión del
riesgo al ordenamiento territorial. En el caso de
Barranquilla 10 , el POT ha priorizado adelantar
un mapa de amenazas por inundaciones para
incorporarlo en él, pero hasta el momento no se
ha avanzado en esto. Tampoco se han adoptado
los términos de referencia definidos en el POT
para la urbanización y construcción en zonas de
amenaza baja y media por inundaciones y desli-
zamientos, y la Oficina de Prevención y Atención
de Desastres, encargada de la elaboración de di-
chos términos, está a la espera de la actualización
del mapa de amenazas por remoción en masa por
parte del Servicio Geológico Colombiano (anti-
guo Ingeominas). Para Medellín 11 , si bien se han
implementado políticas e instrumentos de plani-
ficación desde la década de 1980, las condiciones
de riesgo se han seguido acumulando debido, en
buena medida, a las dificultades para integrar los
usos del suelo en los resultados de las metodo-
logías de evaluación del riesgo (sísmico y por
6 La mitigabilidad es una condición en la que es factible técnica, económi-
ca, social y políticamente intervenir un territorio para reducir el riesgo,
a efectos de que permanezcan la población, la infraestructura y las ac-
tividades económicas dentro de los márgenes razonables y socialmente
aceptables de seguridad (Ramírez & Rubiano, 2009a).
7 En Bogotá entre 1997 y el 2008 se legalizaron 1.386 barrios, de los cuales
611 (160.368 predios) han recibido concepto técnico de la DPAE: condicio-
namiento de uso a 1.277 predios por alta amenaza y 2.918 por alto riesgo
mitigable; restricción de uso a 3.654 predios por alta amenaza y 6.128 por
alto riesgo no mitigable; y viabilidad de uso urbano a 146.391 predios.
8 En Manizales el 8,4% de la población (28 barrios y 32.745 personas)
se encuentra en zonas de riesgo alto por deslizamientos, donde se ha
definido la necesidad de reubicación para 2.243 viviendas y para mejora-
miento integral de 5.034 más.
9 Plan de Ordenamiento Territorial de Manizales. Acuerdo Municipal 508 oc-
tubre 12 de 2001, ajustado por el Acuerdo 573 de diciembre 24 de 2005.
10 Plan de Ordenamiento Territorial de Barranquilla. Decreto 154 de 2000,
Acuerdo 003 de 2007 y Decreto 0404 de 2008.
11 Plan de Ordenamiento Territorial de Medellín. Acuerdo 46 de 2006.
Rol de la administración del territorio en la gestión del riesgo de desastres
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