Gestión del Riesgo en Colombia Gestion Riesgo Banco Mundial Colombia | Page 238

esta forma la preservación de la vida y la
reducción de los efectos sobre los bienes, la
economía y el ambiente.
Formular e implementar la política
nacional para la intervención de asenta-
mientos en riesgo, que fije los lineamientos
para la zonificación del territorio, la defi-
nición de criterios de mitigabilidad y estra-
tegias para la acción. Los POT municipales
deben establecer claramente el manejo de las
zonas ubicadas en alto riesgo, de acuerdo con
la política nacional que la defina. La mitigabi-
lidad se puede entender como una condición
en la que es factible técnica, económica, so-
cial y políticamente intervenir un territorio
para reducir el riesgo, a efectos de que per-
manezcan la población, la infraestructura y
las actividades económicas dentro de los már-
genes razonables y socialmente aceptables de
seguridad (Ramírez & Rubiano, 2009a). Esto
significa la necesidad de elaborar un análisis
integral para definir si un territorio con riesgo
alto puede ser o no mitigable. Dependiendo
de la condición identificada se deberán esta-
blecer acciones específicas de intervención, en
las cuales se consideran, entre otros, obras de
mitigación (cuando es mitigable) o reasenta-
miento de familias (cuando no es mitigable).
En algunas ciudades con mayor capacidad de
gestión se ha avanzado en el establecimiento
de criterios en este tema y de políticas de in-
tervención; sin embargo, la adopción de una
política nacional permitirá brindar a los mu-
nicipios herramientas para la debida imple-
mentación de acciones orientadas al manejo
de zonas de alto riesgo.
Reducir el número de viviendas en zo-
nas de alto riego a través de la implemen-
tación de los programas de mejoramiento
integral de barrios y reasentamiento de
familias en zonas de riesgo no mitigable.
La focalización de acciones orientadas para la
reducción de la exposición y de la vulnerabili-
dad es una opción efectiva para disminuir las
condiciones de riesgo. Esto significa incorpo-
rar a los POT y a los PD proyectos e inver-
siones específicas para la implementación de
dichos programas como ejes fundamentales
para reducir el riesgo existente. Esto conlleva
a la participación de las diferentes entidades
municipales para que su intervención se rea-
lice de manera completa e integral; sectores
relacionados con la vivienda, la educación,
la salud, el bienestar social y los servicios
públicos, entre otros, deben trabajar manco-
munadamente. Por otra parte, y con el fin de
proteger las zonas que han sido reasentadas, se
requiere la creación de acciones de vigilancia
y control del uso y ocupación del suelo a nivel
municipal, a través de la participación no sólo
de las entidades responsables, sino del acom-
pañamiento de las mismas comunidades.
Promover y continuar con los esfuerzos
realizados en las ciudades (casos de estudio)
para la inclusión transversal de la gestión del
riesgo de desastres en la planificación, accio-
nes e inversiones municipales, como estrate-
gia fundamental para el desarrollo territorial.
El presente estudio muestra que ciudades
como Bogotá y Manizales evidencian el com-
promiso político e institucional existente para
la gestión integral del riesgo desde hace varios
años. No puede decirse lo mismo de ciudades
como Cali, que precisamente debido a la falta
de voluntad política y de estrategias adecuadas
se ha permitido el aumento del riesgo por las
falencias en la implementación de políticas,
programas y proyectos para prevenir el ries-
go y corregir el existente. Barranquilla, por su
parte, ha comenzado a mostrar su responsa-
bilidad impulsando los compromisos adquiri-
dos en el POT y el PD, aunque aún falta mucho
esfuerzo para lograrlo. En consecuencia a las
Rol de la administración del territorio en la gestión del riesgo de desastres
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