La constitución política de Colombia (1991) apoyada en la ley general de la educación (ley 11/1994) ha postulado la autonomía para que cada institución encamine el diseño de su plan educativo teniendo en cuenta, para ello la identificación y proporción de información confiable, oportuna y completa que ayuda a la toma de decisiones en aras de contribuir a una acción colectiva para fortalecer el cambio social.