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Guatemala
En Santa Cruz Barillas, Huehuetenango, Guatemala el 1 de mayo de 2012, fue asesinado Andrés Francisco Miguel, y heridos los señores Pablo Antonio Pablo y Esteban Bernabé Gaspar, quienes se oponían a la construcción de una empresa hidroeléctrica, HidroSanta Cruz, en la zona.
El 2 de mayo de 2012, como represalia el gobierno de Guatemala decretó el Estado de sitio y mandó a detener a 12 personas, la mayoría líderes comunitarios que desde el 2009 se oponen abiertamente a las acciones de la empresa Ecoener Hidralia Energía. Estas detenciones se suman a la lista de otros 23 líderes cuya orden de captura se dio a conocer el 17 de abril de 2012.
Como respuesta el 18 de junio los habitantes de Barillas participaron en la Jornada por la Paz y la Unidad, convocada en memoria de Andrés Francisco Miguel.
El miércoles 25 de julio, se vino a conocer que existen órdenes de captura contra 33 personas más por “plagio y secuestro, amenazas e instigación a delinquir”, en la misma causa penal de las otras 23 personas con un evidente intento, por parte del Estado, de criminalizar de la protesta social contra las personas que se están oponiendo a la construcción de la empresa HidroSanta Cruz.
Por el otro, en San Miguel Ixtahucán en el Departamento de San Marcos, Guatemala se celebró los días 14 y 15 de julio de 2012 una sesión del Tribunal Popular Internacional de Salud con el
propósito de escuchar las demandas y testimonios de las poblaciones afectadas por las operaciones mineras de la compañía Goldcorp en Carrizalillo, Guerrero, México; Valle de Siria, Francisco Morazán, Honduras, y San Miguel Ixtahuacán y Sipacapa, San Marcos, Guatemala.
El Tribunal instalado como foro de denuncia en el que participaron 13 jueces y expertos en materia de salud, antropología, derechos humanos y colectivos, escuchó las historias de las tres comunidades afectadas y emitió un dictamen y un pronunciamiento del Jurado enfocando tres aspectos: el impacto en la salud de las tres comunidades denunciantes, la destrucción de sus territorios y el respeto a su autodeterminación.
En el veredicto se afirmó que Goldcorp es culpable por daños ambientales, problemas de salud, enfermedades y las violaciones de los derechos humanos.
Al cierre de este documento el 4 de octubre de 2012 en Cuatro Caminos, Totonicapán, fueron asesinadas, según denuncias difundidas, por parte de elementos del Ejército seis personas del pueblo k’iche y kaqchikel quienes se manifestaban contra la compañía eléctrica Distribuidora de Electricidad de Occidente Sociedad Anónima (DEOCSA).
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