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gremial que no cuenta con la asesoría jurídica especializada que exige la
contingencia actual.
Como es sabido, los servicios
médicos se ofrecen en un mercado
muy específico y altamente regulado:
el sistema público operado a través
del intermediario FONASA, el cual
busca que un seguro solidario financie las necesidades médicas de los
afiliados; el sistema privado operado
a través de Isapres, las que juegan un
rol de intermediarios bajo un seguro
individual para financiar prestaciones
médicas de los afiliados (sea a través
de bonos o mediante reembolso); y el
sistema privado particular, donde el
paciente interactúa directamente con
el prestador de los servicios.
En cualquiera de las situaciones anteriores, se espera que los
prestadores de los servicios de salud
actúen con plena independencia, garantizando con esto la libre competencia y precios justos.
Lamentablemente, pero por
así disponerlo la ley, se provoca una
falla en el mercado cuando actúa un
intermediario, sea FONASA, sea una
Isapre, ya que, estos intermediarios
concentran la demanda a través de
planes o la simple afiliación, y demandan conjuntamente los servicios
médicos “en representación” de todos
sus afiliados, rompiendo con esto la
atomicidad que se espera que exista
en los demandantes.
La justificación de FONASA y
de la Isapres es un asunto que escapa
a las pretensiones de este informe,
pero que puede revisarse en la literatura existente.
Sostenemos que existe una
falla en el mercado de los servicios
médicos, pues ha sido el propio legislador (la ley) quien ha estimado (quizá
con un fin social) que es mejor que los
demandantes de servicios médicos
actúen concentrados en un intermediario para maximizar la competencia
de los oferentes; pero lo cierto es que,
lejos de maximizar la competencia,
induce conductas anticompetitivas.
Lo anterior es muy fácil de
advertir: primero, los intermediarios
concentran la demanda de servicios
autorizados por la ley, ello les permite manejar la demanda de los
servicios médicos e inducir con esto
los precios y; segundo, los oferentes
de dichos servicios, los médicos, si
desean acceder a la demanda deben ajustarse a los precios que los
intermediarios están dispuestos a
pagar (dígase Arancel FONASA, o
Convenio de Servicios Médicos). Se
entiende que con esto se maximiza
la efectividad del mercado.
Frente a este mercado, el
comportamiento de los agentes
económicos ha experimentado un
efecto quizá no previsto por el legislador. Descartando por ahora
la situación de FONASA, pues entendemos que existe [