Falmed Edición Especial 02: Emoción y Razón | Page 41

DERECHO AL OLVIDO 41 FalmedEduca públicamente relevante en fun- ción de su contenido como de las personas involucradas”, explica Lara. Según el director de Derechos Digitales, si bien todo debe ser analizado caso a caso y no se puede privilegiar a priori un derecho por sobre el otro, “no afec- tar la libertad de la red es esen- cial y por lo tanto la reacción que tengamos ante una afectación de derechos debe ser cuidadosa. Por eso es importante pensar el me- canismo idealmente óptimo para ponderar derechos de forma equi- librada, y a la vez tomar medidas efectivas para que los derechos de las personas sean resguardados”. Pero para el promotor de esta ley, no existe tal conflicto ya que se trata de un derecho que no tiene carácter de absoluto y se encuentra limitado por el dere- cho a la libertad de prensa y de investigación. “Con esto uno no está afec- tando el derecho a la información de la prensa porque si hay algo que realmente ocurrió, que salió en un periódico, eso va a estar en la historia del periódico”, manifies- ta Ceroni. El abogado de la Pontificia Universidad Católica, Francisco Leturia, dice que el debate debe considerar siempre que el derecho a la información solo es relativo a hechos de interés público. “El mor- bo no está protegido por el derecho a la información”, recalca. Destaca que la iniciativa parlamentaria no contraviene la libertad de expre- sión ya que “situaciones como un accidente ocurrido hace 40 años en que se expuso la identidad e imagen de uno de los heridos, y que esto vuelva a aparecer en es- tos buscadores, podría provocar más daño a la persona que el valor que podría darle a la sociedad”. Google ha manifestado que frente a este conflicto son los tribunales los llamados a resol- ver y no ellos. “No debemos ser los intermediarios, llámese Google o cualquier otro buscador (…) la Justicia es quien debe definir qué derecho debe prevalecer, el dere- cho a la privacidad o el derecho a la información”, explicó Federico Deya, representante de Google en los países de habla hispana, duran- te su participación en el semina- rio “Políticas del Olvido”, realizado por la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, en octubre pasado. TRIBUNALES Y LAS REDES SOCIALES En enero pasado, la Corte de Apelaciones de Puerto Montt or- denó a una mujer de Puerto Varas eliminar las publicaciones y co- mentarios escritos en su Facebook contra las funcionarias de un ho- gar de menores y lactantes de esa ciudad, acogiendo un recurso de protección presentado por las trabajadoras del recinto que ma- nifestaron que se les denostó y afectó su honra. El fallo se suma a lo resuelto en 2015 por la Corte Francisco Leturia ABOGADO, PROFESOR DE LA FACULTAD DE DERECHO PUC “Hay una liviandad para juzgar públicamente por parte de los medios de comunicación y las personas”. Suprema que acogió un recurso presentado por la tienda Corona y obligó a un usuario de Twitter a eliminar una serie de comentarios ofensivos e injuriosos publicados en esta red social contra la firma. Este tipo de resoluciones judiciales que afectan publicacio- nes en redes sociales han sido rei- terativas en los últimos años. El jefe jurídico de Falmed explica que en algunos casos la fundación ha debido recurrir de protección en favor de médicos que han sido denostados en re- des sociales. “En determinados casos hemos recurrido de pro- tección contra algunas páginas de Facebook y cuando llegamos a los alegatos los recurridos las sacan”, dice Bello. El jurista comenta que el recurso de protección es ex- cepcional “y la Corte al momento de resolver, y viendo que ya no está afectada la honra y que ya no hay quebrantamiento del de- recho, no acoge el recurso pero simplemente porque ya se logró nuestro objetivo”. Esta realidad de las re- des sociales, en que también proliferan páginas que informan hechos noticiosos falsos, haría perder cada día más credibili- dad, advierte el presidente de Falmed. “Tengo la impresión que las redes sociales a cada vez van a tener menos importan- cia por parte de los opinólogos”, dice el Dr. Sergio Rojas. Romina Garrido PRESIDENTA DE LA FUNDACIÓN DATOS PROTEGIDOS. “En ciertos casos debe protegerse la dignidad de las personas ya que cuando su información se ve expuesta de esa manera en internet finalmente no pueden rehacer sus vidas”.