Falmed Edición Especial 02: Emoción y Razón | Page 41

DERECHO AL OLVIDO 41
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públicamente relevante en fun-
ción de su contenido como de las
personas involucradas”, explica
Lara.
Según el director de
Derechos Digitales, si bien todo
debe ser analizado caso a caso y
no se puede privilegiar a priori un
derecho por sobre el otro, “no afec-
tar la libertad de la red es esen-
cial y por lo tanto la reacción que
tengamos ante una afectación de
derechos debe ser cuidadosa. Por
eso es importante pensar el me-
canismo idealmente óptimo para
ponderar derechos de forma equi-
librada, y a la vez tomar medidas
efectivas para que los derechos de
las personas sean resguardados”.
Pero para el promotor de
esta ley, no existe tal conflicto ya
que se trata de un derecho que
no tiene carácter de absoluto y se
encuentra limitado por el dere-
cho a la libertad de prensa y de
investigación.
“Con esto uno no está afec-
tando el derecho a la información
de la prensa porque si hay algo
que realmente ocurrió, que salió
en un periódico, eso va a estar en
la historia del periódico”, manifies-
ta Ceroni.
El abogado de la Pontificia
Universidad Católica, Francisco
Leturia, dice que el debate debe
considerar siempre que el derecho
a la información solo es relativo a
hechos de interés público. “El mor-
bo no está protegido por el derecho
a la información”, recalca. Destaca
que la iniciativa parlamentaria no
contraviene la libertad de expre-
sión ya que “situaciones como un
accidente ocurrido hace 40 años
en que se expuso la identidad e
imagen de uno de los heridos, y
que esto vuelva a aparecer en es-
tos buscadores, podría provocar
más daño a la persona que el valor
que podría darle a la sociedad”.
Google ha manifestado
que frente a este conflicto son los
tribunales los llamados a resol-
ver y no ellos. “No debemos ser
los intermediarios, llámese Google
o cualquier otro buscador (…) la
Justicia es quien debe definir qué
derecho debe prevalecer, el dere-
cho a la privacidad o el derecho
a la información”, explicó Federico
Deya, representante de Google en
los países de habla hispana, duran-
te su participación en el semina-
rio “Políticas del Olvido”, realizado
por la Facultad de Derecho de la
Universidad de Chile, en octubre
pasado.
TRIBUNALES Y LAS REDES
SOCIALES
En enero pasado, la Corte
de Apelaciones de Puerto Montt or-
denó a una mujer de Puerto Varas
eliminar las publicaciones y co-
mentarios escritos en su Facebook
contra las funcionarias de un ho-
gar de menores y lactantes de
esa ciudad, acogiendo un recurso
de protección presentado por las
trabajadoras del recinto que ma-
nifestaron que se les denostó y
afectó su honra. El fallo se suma
a lo resuelto en 2015 por la Corte
Francisco Leturia
ABOGADO, PROFESOR DE LA FACULTAD DE DERECHO PUC
“Hay una liviandad para juzgar
públicamente por parte de los medios de
comunicación y las personas”.
Suprema que acogió un recurso
presentado por la tienda Corona
y obligó a un usuario de Twitter a
eliminar una serie de comentarios
ofensivos e injuriosos publicados
en esta red social contra la firma.
Este tipo de resoluciones
judiciales que afectan publicacio-
nes en redes sociales han sido rei-
terativas en los últimos años.
El jefe jurídico de Falmed
explica que en algunos casos la
fundación ha debido recurrir de
protección en favor de médicos
que han sido denostados en re-
des sociales. “En determinados
casos hemos recurrido de pro-
tección contra algunas páginas
de Facebook y cuando llegamos
a los alegatos los recurridos las
sacan”, dice Bello.
El jurista comenta que
el recurso de protección es ex-
cepcional “y la Corte al momento
de resolver, y viendo que ya no
está afectada la honra y que ya
no hay quebrantamiento del de-
recho, no acoge el recurso pero
simplemente porque ya se logró
nuestro objetivo”.
Esta realidad de las re-
des sociales, en que también
proliferan páginas que informan
hechos noticiosos falsos, haría
perder cada día más credibili-
dad, advierte el presidente de
Falmed.
“Tengo la impresión que
las redes sociales a cada vez
van a tener menos importan-
cia por parte de los opinólogos”,
dice el Dr. Sergio Rojas.
Romina Garrido
PRESIDENTA DE LA FUNDACIÓN DATOS PROTEGIDOS.
“En ciertos casos debe protegerse
la dignidad de las personas ya que
cuando su información se ve expuesta
de esa manera en internet finalmente
no pueden rehacer sus vidas”.