"No podríamos hablar de una pedagogía gratuita si las oportunidades se reducen y se comienza a limitar el acceso de alumnos a las universidades públicas por falta de presupuesto”
“Una educación desde la cuna hasta la tumba, inconforme y reflexiva, que nos inspire en un nuevo modo de pensar y nos incite a descubrir quiénes somos” - Gabriel García Márquez
Hace pocas semanas se inició el paro nacional estudiantil, el cual trajo consigo pronunciamientos de la comunidad superior. Dicha manifestación fue convocada por el Movimiento Estudiantil Colombiano, quienes además contaron con el apoyo de universidades privadas como el Externado, la Pontificia Javeriana, el Rosario, Los Andes, entre otras. De igual manera se unieron a la causa el sindicato del Sena, la Organización Nacional Indígena y el gremio de los maestros (Fecode), manifestando su solidaridad e interés con la educación superior.
Cabe resaltar que la negociación que pretenden los estudiantes se centra específicamente en la exigencia de recursos para financiar la educación superior pública, solicitando para el año 2019 un presupuesto de 4,5 billones de pesos, partiendo que para el 2018 los recursos fueron de 3,4 billones de pesos, según la información dada por el Ministerio de Educación. No obstante, el caudal del año en curso se tornó insuficiente para los establecimientos educativos, argumentando los educandos que la afectación radica a partir de la promulgación de la Ley 30 de 1992, pues el incremento del presupuesto sufragado que allí se plantea está creando un déficit del valor auxiliado al sector educativo público.
Lo anterior deja entrever una preocupación extrema de los estudiantes por su formación académica, cultural y social, que a su sentir está siendo desconocida por el Estado, quien debe garantizar el adecuado cubrimiento del servicio y las condiciones necesarias para el acceso y permanencia en la educación superior pública. Y es que, si no contamos con una formación ciudadana flexible y garantista, un porcentaje de la población se quedará sin las herramientas necesarias para poder desempeñarse laboralmente en un futuro, lo que implicaría desmejorar sus condiciones sociales y disminuir la calidad de vida para aquellos que hagan parte de este porcentaje, afectando gravemente sus derechos sociales.
afectando gravemente sus derechos sociales.
Esta afectación se materializa al no recibir del Gobierno Nacional los recursos necesarios para ampliar la infraestructura de los establecimientos, proporcionar más herramientas educativas, adquirir equipos y realizar la debida contratación de docentes. Es así como César Augusto Roa, docente de la Escuela de Educación UIS, manifestó, en entrevista del año calendado para Vanguardia Liberal (2018), que todo esto conlleva a bajar la calidad de educación debido a la falta de recursos por parte del Estado, exponiendo:
Hemos hecho la tarea muy bien con los mismos recursos de 1992, cuando se fijó la base presupuestal para universidades públicas. En ese momento se formaban 150 mil estudiantes, mientras que actualmente las universidades públicas colombianas estamos formando 600 mil estudiantes.