EL SEÑOR DE LAS SOMBRAS (Biografía no autorizada de Alvaro Uribe) 1 | Page 76

Tranquilandia, el golpe que la Policía colombiana dio a un
gigantesco complejo coquero en las selvas entre Caquetá y Meta.
Tras su incautación -ordenada por el Juzgado Primero Promiscuo
del Circuito de Puerto Rico (Caquetá)- la nave fue entregada a la
Policía y 11 años después, la Fiscalía Regional de Bogotá precluyó
la investigación y ordenó devolverla a sus dueños, «al no haber
pronunciamiento alguno por parte de autoridad judicial». Para
conocer el destino de la aeronave, se localizó a Carlos Amórtegui,
socio de Uribe Sierra en Aerofotos Amórtegui, quien manifestó, a
través de un familiar, que perdió la pista de la nave luego de que
la Policía se quedó con ella. El director de esa institución, general
Luis Ernesto Gilibert, dijo que se está rastreando el paradero del
helicóptero. El hombre que recibió el helicóptero -Pedro Fidel
Agudelo- y el que lo reclamó en su nombre - Sigifredo Cardona
Cardona - no tienen requerimientos judiciales. Tampoco los tenían
Amórtegui y el padre de Uribe, en 1981, cuando lo compraron".
De ese océano de palabras, dos cosas quedan en claro: una, que
en el momento de la operación Yarí, el helicóptero capturado y
decomisado por ser de la mafia (que entre otras cosas es el
dinamitado o ametrallado en el momento en que muere Alberto
Uribe Sierra), pertenecía a la familia Uribe Vélez; y dos, que el
negocio que en el curso de 25 días, puso el aparato en manos del
narcotráfico, fue celebrado por Jaime Uribe Vélez en
representación de sus hermanos. A no ser que el helicóptero
nunca se hubiera puesto en manos de la mafia sino que, en
realidad, jamás hubiera salido de ellas.
Las relaciones de Álvaro Uribe con el tema del narcotráfico han
sido estrechas. Pero, poco a poco, cuando vio las amplias
perspectivas políticas que tenía ante sí, buscó la forma de darles
un tinte académico. De ahí que en el Congreso de la República fue
siempre un senador convencido de la soberanía del país para
juzgar a sus nacionales, inclusive cuando esa posición puso en
peligro la estabilidad institucional de Colombia. En diciembre de
1989 el gobierno Barco presentó ante el Congreso un proyecto de
reforma constitucional al que el país, una vez aprobado, debía
convalidar por referendo. El tema se había discutido a lo largo de
dos años, y tocaba puntos esenciales como el de una
circunscripción electoral especial para los grupos alzados en
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