paramilitares, y quien, después de que se le aceptara la renuncia de ese cargo, fue designado por el Presidente Uribe como Cónsul General del país en Milán. Pero, el señor Salvador Arana no sólo no se ha presentado ante la Justicia, sino que ni siquiera se sabe en donde se encuentra. Se ha burlado de ella.
¿ Y qué ha hecho el presidente Uribe? Él, que es tan dado a fustigar a sus opositores, cuando presume que tienen o han tenido problemas con la justicia, esta vez ha guardado silencio. ¡ Él, que en un Consejo de Seguridad – a pesar de que en ese caso incurría en un abuso de autoridad –, ordenó la captura de un empleado público a quien el Comandante Militar de Buenaventura acusó de haber incurrido en un acto de corrupción!
¡ La conducta del presidente Uribe debe ser investigada penalmente! Por los casos mencionados y por otros similares que también lo ameritarían: Primero, por no haber protegido la vida del alcalde de El Roble, a pesar de que éste se lo solicitó pública y vehementemente, en presencia del presunto asesino, el entonces gobernador de Sucre. Segundo, por haber designado al acusado en un cargo diplomático, en vez de solicitar que fuera investigado. Tercero, por no haber tomado las medidas a que también estaba obligado, para impedir que el acusado, después de haber sido vinculado a un proceso penal por homicidio, se sustrajera a la acción de la justicia. Y cuarto, por el comportamiento similar que ha tenido frente al caso del ex director del Das, también acusado de favorecer a paramilitares.
A lo anterior se suma la responsabilidad que le cabe al primer mandatario, por omisión, en la muerte de la señora Yolanda Izquierdo, quien le pidió protección al gobierno por las amenazas que estaba recibiendo. ¡ El gobierno no puede eludir esa responsabilidad con el argumento simplista de que la denuncia llegó al lugar equivocado, o de que se demoró en los trámites burocráticos, cuando las amenazas contra su vida eran de público conocimiento!
Es curiosa la costumbre que tiene el Presidente de proteger a quienes son acusados de pertenecer o de favorecer a grupos paramilitares. El ex Fiscal Luís Camilo Osorio, quien ordenó el
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