EL SEÑOR DE LAS SOMBRAS (Biografía no autorizada de Alvaro Uribe) 1 | Page 237
El Presidente Uribe, una vez que el alcalde municipal concluyó su
dramática acusación contra el gobernador, a quien señaló,
además, como organizador de grupos paramilitares en el
departamento, se limitó a solicitarle a la Secretaria del Consejo
Comunitario que pusiera los hechos, que calificó de graves, en
conocimiento de la Procuraduría y la Fiscalía, para que los
investigara.
Unas pocas semanas después, el Alcalde fue secuestrado y
asesinado y su cuerpo arrojado en una carretera secundaria de la
región. La fementida política de “Seguridad Democrática” no sirvió
para proteger su vida. En cambio, ¡oh paradoja! sirvió para darle
protección al presunto autor del asesinato, el señor Salvador
Arana, a quien, en acto escandaloso e inaudito, el presidente
Uribe designó como Embajador de Colombia en Chile.
Cuando se le preguntó al ministro del Interior y de Justicia [ 70 ], hoy
embajador en Roma, por las razones que habían llevado al
gobierno a hacer ese nombramiento, aquél contestó que se había
hecho por la necesidad de proteger la vida del gobernador. ¡Con él
sí operó, pues, la política de seguridad democrática!
La Corte Suprema de Justicia, en su investigación sobre el
fenómeno de la “para-política”, cuyos protagonistas tanto le han
servido al presidente Uribe para sus fines políticos, encontró que
había mérito para llamar a rendir indagatoria al ex gobernador de
Sucre. Éste regresó al país, supuestamente, para responder al
llamado del máximo tribunal de justicia. Por el contrario, apenas
pisó suelo colombiano, desapareció y no se sabe dónde se
encuentra.
Este caso, en cuanto a las maniobras desplegadas para
entorpecer la acción de la justicia, se parece al del anterior
director del Das [ 71 ], acusado también de favorecer a los
70
Sabas Pretelt De La Vega.
Jorge Noguera Cote, sindicado de la infiltración en el Das (Departamento Administrativo de
Seguridad, dependiente directo de la Presidencia de la República) de paramilitares y de
suministrarles datos para cometer asesinatos de personas desafectas al movimiento paramilitar,
así como adulterar los registros computarizados relacionados con antecedentes de miembros de
los movimientos paramilitares, por lo cual está siendo investigado por los organismos de justicia
del Estado.
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