consolidándose la tradición que marca el carácter municipal de las competencias catastrales. Si a este control sumamos la situación financiera de los municipios se comprende la imposibilidad de afrontar tales proyectos. En 1941 se crea la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas, que actualmente pervive. Desde sus inicios y hasta el año 2000 realiza actividades catastrales en el ámbito urbano, y centralizó los esfuerzos municipales para redefinir el catastro y establecerlo. En este contexto, el Congreso Nacional de 1948-1949, para incentivar la gestión municipal( mediante el incremento de recursos fiscales), expide el decreto de 5 de noviembre de 1949, que constituye el primer texto legal que persigue la realización de un catastro, de carácter exclusivamente fiscal.
En 1960 el Estado interviene en asuntos catastrales estableciendo, por decreto legislativo, la participación de funcionarios del Ministerio del Tesoro para la realización de avalúos de propiedades en coordinación con los municipios. En 1963 el Decreto Supremo 1148, crea la Oficina Nacional de Avalúos y catastros, la misma es creada nuevamente( quizá porque nunca llegase a constituirse la primera) con el Decreto Supremo 869 de 12 de agosto 1966.
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