En diciembre de 1974, Augusto Pinochet cambió oficialmente su título de Jefe Supremo de la Nación a la del Presidente de Chile. Su tareaprincipal fue revitalizar la alicaída economía del país mediante reformas de libre mercado, y su política condujo a un crecimiento sustancial del PIB, convirtiéndose en una economía liberalizada, bien integrada en el mercado mundial. El gasto público se redujo, los servicios estatales se privatizaron y se eliminaron las restricciones que Allende había impuesto a la inversión extranjera.
En 1980 se celebró un referéndum para decidir si se adoptaba una nueva Constitución. Entre sus propuestas se encontraban la de prohibir todos los partidos de izquierda definitivamente, para siempre, el aumento de los poderes presidenciales y también que le permitiese un período de mandato adicional de ocho años. El nuevo documento fue aprobado por más del 67% del electorado, aunque el resultado fue muy criticado por haber sido manipulado. Una caída temporal del crecimiento económico siguió al referéndum, lo que provocó huelgas y protestas en todo el país, todas las cuales fueron reprimidas. En 1986 Pinochet sobrevivió a un intento de asesinato.
En 1988 se llevó a cabo otro referéndum que preguntaba al pueblo sobre por otros ocho años en el cargo para Pinochet. Antes del referéndum, en 1987, frente a la presión internacional, Pinochet había legalizado algunos partidos políticos. El nuevo mandato de ocho años fue rechazado por el 56% de la población, lo que llevó a elecciones presidenciales y legislativas el año siguiente. Estas fueron ganadas por el izquierdista Patricio Aylwin, que reemplazó a Pinochet como presidente en marzo de 1990. Pinochet se mantuvo como comandante en jefe del ejército hasta 1998, lo que le garantizaba inmunidad judicial.
En 1998 el general Pinochet viajó a Londres para ser operado de la espalda, mientras que en la capital británica fue puesto bajo arresto domiciliario por las autoridades, a petición del Gobierno español, que pretendía extraditarlo a España para enfrentarlo a cargos de tortura. La detención provocó una larga batalla legal en la que la Cámara de los Lores dictaminó que debía ser extraditado a España.