DERECHOS HUMANOS sociales | Page 17

17 de coca y cobraron tributos a cambio de seguridad a los diferentes eslabones del negocio del narcotráfico, entre ellos a los procesadores y los comerciantes y traficantes que trasladaban la pasta de coca a Maracaibo o Mérida, en Venezuela, y a Cúcuta”, dice el informe del CNMH. Entre 1989 y 1996, con el auge de las guerrillas —porque, además de las Farc, había también presencia del ELN y el EPL—, fueron desplazadas casi mil personas. Pero, a la vez que la guerra por el control territorial hacía estragos, los tibuyanos también recuerdan que fue una época marcada por la conformación de organizaciones sociales de distintos tipos, de apoyo a la las negociaciones con grupos guerrilleros y a la Constituyente del 91. Con el aumento de la violencia, el pasivo fortalecimiento de las estructuras paramilitares y el terror por las dos primeras masacres de los noventa, a manos de disidentes del ELN y el EPL, se aumentó la presencia de la fuerza pública con la Brigada Móvil 2, dirigida a combatir guerrillas. El accionar de esa Brigada y del Grupo Mecanizado No. 5 Maza del Ejército Nacional, sin embargo, fue denunciado por organismos de derechos humanos por la criminalización de la población civil, las capturas y judicializaciones arbitrarias de líderes sociales y políticos, sindicalistas, casos de violencia sexual, desapariciones y ejecuciones extrajudiciales. En cualquier caso, el informe concluye que sin duda la época del gran éxodo fue entre 1997 y 2004, periodo del fortalecimiento y la arremetida sanguinaria de grupos paramilitares en la zona. Las guerrillas vieron llegar a los Masetos, como le llamaban a los miembros del grupo Muerte a secuestradores (MAS), y empezaron a asesinar sin fundamentos, a dedo, a quienes creían paramilitares, fueran nativos o comerciantes. Del otro lado, el Bloque Catatumbo hacía lo mismo pero al revés: bajo la orden de cazar guerrilleros, mataron indiscriminadamente a cientos de inocentes. La historia cuenta que 1999 fue el año más aterrador. A partir de ese año, decía Salvatore Mancuso, excomandante del Bloque Catatumbo de los paramilitares, la organización criminal al mando de Carlos Castaño, con el apoyo de sus aliados Los Prada y Los Pepes, finqueros, comerciantes y servidores públicos civiles y militares, aseguró el control de la franja que comunica el Urabá y el 17