Derechos de la Niñez, Desplazamiento Forzado en Colombia ISBN: 978-958-57863-5-6 | Page 35

En este decreto se señala la obligación de la GRD con la protección inte-
gral de la niñez de manera directa. Este es otro de los puntos que permite
encontrar sinergias para la articulación entre los dos Sistemas.
Otro documento que dicta normatividad sobre el tema es el CONPES
3400 de 2005 (DNP, 2005), en el que se establecieron los mecanismos y
presupuestos para atención a la población desplazada, y se formuló la po-
lítica sobre desplazamiento forzado, derechos humanos y reconciliación,
surgida del Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010.
Esta Sentencia T-025 de 2004, proferida por la Corte Constitucional decla-
ró la “… existencia de un estado de cosas inconstitucional respecto a la
protección de los derechos de la población en situación de desplazamiento
forzado…”, por lo que la Alta Corte emitió autos de seguimiento para abor-
dar los problemas evidenciados, con el fin de garantizar el goce efectivo
de los derechos a la población, entre ellos el Auto 251 del 6 de Octubre
de 2008, que trata de la protección de los derechos fundamentales de los
niños, niñas y adolescentes desplazados por el conflicto armado, en el
marco de superación del estado de cosas declarado inconstitucional.
Sobre el tema existen además entidades de la sociedad civil como la Co-
misión de Seguimiento a la Política Pública de Desplazamiento Forzado
34
Forzado
A pesar de todo este avance, las políticas públicas siguen presentando
nuevos retos y requerimientos para garantizar los derechos de un conside-
rable número de niñas, niños y adolescentes víctimas del desplazamiento
forzado. Consciente de esta falencia el Estado dispuso una serie de accio-
nes que deben realizarse a través de las agencias responsables, como la
anterior Acción Social en su momento, el DPS (Departamento de Prospe-
ridad Social) y el ICBF. La información de resultados debe ser presentada,
teniendo en cuenta los indicadores ordenados por la Corte Constitucional
(Sentencia T-025 de 2004), lo que permitirá medir la progresividad en el
goce efectivo de sus derechos.