Elena Lazos Chavero l Libertad Castro
Introducción
Los conflictos político-económicos y las transformaciones socio-culturales
generadas alrededor de la innovación, introducción y regulación de la
biotecnología moderna, particularmente la referente a los organismos
genéticamente modificados (OGM) han sido escasamente tomadas en cuenta
para las políticas agrícolas y de desarrollo, aún en los países firmantes del
Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología (Catacora-Vargas,
2012:3). Aunque en el propio Protocolo se reconozca el “vasto potencial
latente en la biotecnología,” también se debe destacar la importancia para la
humanidad de la conservación de los centros de origen y de diversidad genética
y se debe reconocer que no todos los países tienen las mismas capacidades de
regular y reglamentar los OGM (Protocolo de Cartagena, 2000:1-2).
En particular, para entender el contexto y el origen de este trabajo, nos
interesa resaltar el Artículo 26 del Protocolo, el cual recomienda a las partes
tomar en consideración las consecuencias socioeconómicos que podrían
generar las importaciones e introducciones de OGM en la conservación y
uso sustentable de la diversidad biológica, especialmente en relación con el
valor que ésta tiene para las comunidades indígenas y locales (Protocolo de
Cartagena, 2000:20). La interpretación de este artículo ha llevado a posiciones
contrarias, desde su lectura restringida y descontextualizada del resto del
Protocolo y del Convenio de la Diversidad Biológica, por lo que argumentan
que los aspectos socioeconómicos no son relevantes y deben ser considerados
de forma optativa (Falk-Zepeda, 2009; Falk-Zepeda y Zambrano, 2011) hasta
las posiciones que relacionan el artículo con el resto del Protocolo y a la luz del
Convenio de Diversidad Biológica por lo que argumentan que se deben incluir
los aspectos socioeconómicos en el manejo y evaluación del riesgo en todos los
procedimientos regulatorios de los OGM, particularmente importantes para los
países centros de origen y de diversidad genética (Khwaja, 2002; MacKenzie
et al., 2003; Chauvet, 2009; Catacora-Vargas, 2012). Inclusive, reconocen los
derechos soberanos de los Estados en esta toma de decisiones y establecen su
importancia por su transversalidad al incluir los procesos de decisión en la
importación y manejo de los OGM (Catacora-Vargas, 2012).
Además, el artículo 26 considera la participación de las comunidades
indígenas en países centros de origen y de diversificación de cultivos
fundamentales en sus vidas. Esto lleva a cuestionamientos sobre el significado
de la construcción de la participación: la representatividad de la diversidad del
público, el compromiso de los gobiernos a seguir las opiniones expresadas en
los foros, la información vertida, la estructura de poder, la transparencia de
los procesos (Bütschi y Nentwich, 2002; Hagendijk e Irwin, 2006; Levidow,
2007). Por esto, tener estudios que nos permitan conocer las percepciones y
perspectivas de los distintos actores involucrados en los posibles impactos
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