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SIEMPRE
REINO de
MALLORCA
MARTES
Asociaciones de padres, alumnos y sindicatos de profesores, integrados en la Plataforma por la Defensa de la Escuela Pública, han convocado para la semana del 6 al 10
de octubre encierros en los centros escolares de toda España, así como cadenas humanas rodeando instituciones educativas, para protestar contra la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) y los recortes.
Así lo han anunciado este martes los representantes de CEAPA, Sindicato de
Estudiantes, FE-CC.OO, FETE-UGT, STES, CGT y Movimiento de Renovación Pedagógica
(MPR) en una rueda de prensa conjunta, en la que han explicado que la primera de las
acciones de protesta será una cadena humana el 6 de octubre para "abrazar" edificios
públicos que tienen competencias en Educación, con el objetivo de "simbolizar que son de
los ciudadanos y no de quienes gobiernan".
La Plataforma por la Defensa de
la Escuela Pública también va a solicitar
una reunión con la Defensora del Pueblo,
Soledad Becerril, para saber "qué ha
hecho" tras las peticiones que padres,
alumnos y profesores han cursado para
que esta institución actúe contra los recortes educativos en los últimos dos
años...
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Padres, profesores y alumnos convocan encierros en centros y cadenas humanas del 6 al 10 de octubre contra la
LOMCE
Los 44 jóvenes que ocuparon Educación
recurrirán la sentencia
MIÉRCOLES
Los 44 estudiantes que fueron condenados
ayer por ocupar la conselleria de Educación en
2012 recurrirán una sentencia que consideran
injusta, represora y una utilización política e interesada de la justicia, y además han puesto en marcha
una campaña para recaudar fondos con los que
pagar las multas.
Una de las condenadas, Marta Mouzo, ha
asegurado en declaraciones realizadas frente a la
conselleria de Educación que tomaron el 22 de mayo de 2012 que la jueza no ha tenido
en cuenta imágenes, vídeos y testimonios que contradicen lo que ella considera hechos
probados.
Ha asegurado que la sentencia "se basa en mentiras, es totalmente desproporcionada e injusta", así como una "vulneración flagrante" de los derechos fundamentales a la
libertad de expresión y reunión, que pretende convertirse en "un castigo ejemplar" que
ponga freno a las protestas de rechazo a las políticas antisociales y contra el catalán del
Gobierno del PP.
Otro de los condenados, Joan Colomar, ha admitido que no esperaban una sentencia "tan dura y tan parcial" que ha tildado de "una muestra más de cómo usan la represión para cortar las alas a la protesta social y de cómo le dan la vuelta a una protesta
pacífica para convertirla en una falta de lesiones cuando en ningún momento hubo malicia".
Los condenados han dado inicio a una campaña para recaudar fondos, con la difusión de un número de cuenta en el que esperan recabar lo suficiente para hacer frente al
pago de los alrededor de 32.000 euros de multa, así como a los entre 10.000 y 11.000
euros que llevan gastados en su defensa...