BRUJULA CIUDADANA Rutas para transitar hacia la justicia | Page 25
1) R utas
para transitar hacia la justicia y la pacificación
23
Estados Americanos les advirtieron que era
una mala idea.
Pusieron un video de las víctimas hablando
de los tratos crueles e inhumanos que habían
sufrido en manos de integrantes del ejército
y marina. Aun así, no nos hicieron caso.
Es verdad que las fuerzas armadas son las
mejores calificadas en los niveles de confianza
de la población mexicana, pero como he rela-
tado arriba, esta estrategia no ha funcionado
y, por el contrario, ha ayudado a empeorar
nuestra crisis. Pasamos de 10 mil homicidios
en 2007 a 23 mil en 2016 y estamos a punto
de romper récord en 2018; además, hay es-
tados como Sinaloa o Guerrero, donde los
militares tienen presencia desde hace más de
40 años y las cosas no han cambiado, ¿por
qué ahora sería distinto?
Y por si esto fuera poco, las fuerzas armadas
fueron entrenadas para matar y lo vimos
en el caso de Palmarito, Puebla, donde un
soldado le dispara en la cabeza a una per-
sona que ya está rendida en el piso; el acto
lo justificaron diciendo que era un crimi-
nal, aunque así fuera, debían detenerlo y
llevarlo a juicio, no asesinarlo. Reitero, los
militares y los marinos están entrenados
para matar pero no nada más han matado
criminales, también lo han hecho con civi-
les, en cuyo caso se utiliza el término de
“daños colaterales” pero debemos pensar
que ese “daño colateral” pudo haber sido
de nuestra familia.
Para sostener mi dicho, un estudio de
académicos del Centro de Investigación y
Docencia Económicas (CIDE), basado en
cifras oficiales, señala que en el periodo
2007-2014, el Ejército mató a 8 civiles por
cada herido.
La ley les permite llevar a cabo funciones
de seguridad pública sin controles reales
para verificar el respeto a los derechos hu-
manos; además, fomenta la opacidad con la
que operan y amenaza la independencia de
organismos autónomos como el Instituto
Nacional de Transparencia, Acceso a la In-
formación y Protección de Datos (INAI) o el
Sistema Ombudsman, al disponer que estos
deberán entregar la información requerida
en contextos de afectaciones a la seguridad
interior. Es decir, el ejército o las fuerzas
armadas le podrían pedir a la CNDH o a las
comisiones estatales de derechos humanos
que den información sobre víctimas y sus
familias (artículo 31).
Ahora un militar podría ser quien te detenga
en la próxima manifestación a la que vayas,
un marino podría aprehenderte en la calle,
las fuerzas armadas podrían espiar lo que
grabas.