BRUJULA CIUDADANA Rutas para transitar hacia la justicia | Page 24

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para que pudieran hasta torturar si así lo
deseaban.
Además, no tenía mecanismos de control
y era muy opaca, al final no sabríamos si
estaban cometiendo violaciones a los dere-
chos humanos y quitaba a los gobernadores
la responsabilidad de limpiar y mejorar sus
policías civiles.
¿Y por qué nos oponíamos –y
seguimos haciéndolo- a que
las fuerzas armadas tengan
todas esas atribuciones? En
principio, porque histórica-
mente no es una buena idea,
baste con recordar lo que ha
sucedido en Argentina, Chile,
Venezuela y países del medio
oriente donde el ejército es
quien coordina las cuestiones
de seguridad.
En ese 2016 se logró frenar la iniciativa pero
era una deuda que tenía el gobierno panista
con las Fuerzas Armadas por haberlos sacado
a las calles sin una estrategia real, entonces,
después del sismo del 19 de septiembre de
2017, los militares y marinos empezaron a
obtener un mayor reconocimiento ante la
población, salían al final de todos los partidos
de futbol, en los conciertos, en los eventos
de caridad. ¿Recuerdan a la perrita Frida en
todos los medios de comunicación? Bueno,
pues “casualmente” después de eso, nues-
tros legisladores decidieron revivir la Ley de
Seguridad Interior (LSI).
Aquí quiero hacer una pausa y comentar que
sé que dentro de estas dos instituciones hay
personas honorables que seguramente están
ahí por necesidad o porque creen realmente
en lo que hacen y en servir a la Patria, y que
son los rangos más bajos los que regular-
mente terminan pagando por las fechorías
de los altos mandos –si lo dudas, revisa el
maravilloso trabajo periodístico www.cade-
nademando.org
Pero regresando al tema, después de ser los
héroes del sismo, no había mejor momento
para relanzar la LSI y así lo hicieron.
En unas semanas el colectivo Seguridad Sin
Guerra retomó bríos y denunció sus inten-
ciones, llegaron cartas de todo el mundo ad-
virtiéndole a los legisladores que aprobar esta
ley iba en contra de tratados internacionales,
la CNDH les dijo que dicha ley favorecía el
uso discrecional de las fuerzas armadas, los
relatores de la Organización de las Nacio-
nes Unidas (ONU) y la Organización de los