BRUJULA CIUDADANA Rutas para transitar hacia la justicia | Page 10

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ánimo social, de quienes son los más afectados
por esta realidad, el imperativo del cambio
frente a cualquier posibilidad de continuidad
o simulación.
Del otro lado, emerge un
nuevo actor social que va
ganando fuerza, capacidad y
legitimidad en su trayectoria
para convertirse en un sujeto
primordial de este momento
histórico para exigir verdad,
justicia: las víctimas de la
violencia.
Ha sido un camino largo, complejo y dolo-
roso. Tuvieron que partir desde el estigma y
la criminalización que el Estado, los medios
y la propia sociedad les impuso durante los
primeros años en que no se reconocía la
dimensión y gravedad de la violencia.
Fue inicialmente con el trabajo de los
centros de derechos humanos del norte,
Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, el sur-
gimiento del Movimiento por la Paz con
Justicia y Dignidad y la irrupción de la Ca-
ravana del Consuelo y luego los diálogos
con el gobierno, el ataque y desaparición
de los jóvenes de Ayotzinapa, la caravana
de madres centroamericanas en busca de
sus hijos migrantes, los encuentros nacio-
nales contra la desaparición forzada y otros
esfuerzos que lograron cambiar el lugar
de las víctimas en el escenario nacional y
fortalecer significativamente su capacidad
de exigencia.
En la sociedad, la particularidad en la identi-
ficación y solidaridad con víctimas inocentes
como un poeta de clase media ilustrada en
Cuernavaca; jóvenes estudiantes, futuros
maestros del mundo rural; madres buscan-
do a sus hijos, y en esa empatía, el miedo
de que esta barbarie nos alcance a todos.
Se dejó de lado el juicio sobre las víctimas
devolviéndoles rostro, identidad, dignidad y
un marco de derechos para exigir memoria,
verdad, justicia y reparación.
Con la Ley General de Víctimas, éstas se con-
virtieron en sujetos poseedores de derechos
específicos, construyendo así una identidad
social colectiva que generó una inflexión en
la estructura del conflicto.
Muchas de ellas constituyeron colectivos
de familiares de personas desaparecidas,
son más de 60 organizaciones en 20 esta-
dos del país. Constituyeron en 2015, en
torno a la posibilidad de tener un marco
jurídico e institucional para hacer frente a