2) P erspectivas
locales y federales sobre la inseguridad
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tatal Veracruz-Tamaulipas) está relacionada,
en la actual coyuntura de segunda alternancia
morenista respecto del viejo régimen (2019-
2024), a procesos estructurales económicos y
políticos, cuyas formas singulares en localida-
des y ciudades son el desempleo, migraciones,
desigualdad, precarización del empleo, bajo
crecimiento concentrado en la extracción de
recursos minerales y servicios, y viejas redes
de corrupción institucional.
La violencia sociopolítica manifiesta en la vida
cotidiana está correlacionada además con
otros procesos tales como los declives de la
familia nuclear, escuela tradicional, barrios de
copresencia, espacios públicos colonizados
como territorios y del viejo régimen político
autoritario, uno de los más extendidos en el
país, puesto que la primera alternancia panista
en la gubernatura (2017-2018), únicamente
se registró después de ochenta años de go-
bierno de un solo partido (PRI). Este declive
de la vieja sociedad y del estado subnacional
es un proceso inacabado pero irreversible; la
destrucción violenta de las viejas instituciones
sociales y estatales se ha caracterizado por
una intensidad inédita para nuestra genera-
ción y quienes la experimentan ahora como
jóvenes (Schedler, 2016).
En esta coyuntura, las lesiones, homicios, di-
versos tipos de robo, extorsiones, secuestros,
asaltos a transporte, feminicidios, ejecuciones,
despariciones forzadas, robo de combustible,
pueden correlacionarse con el desempleo,
reclutamiento ilegal, calidad de la relación en-
tre padres e hijos en diferentes estructuras
familiares, conflictos generacionales en escuelas
marcadas por la brecha digital, el declive de la
autoridad tradicional de profesores, la hiperdigi-
talización de interacciones juveniles y la ausen-
cia o abuso de la fuerza pública en localidades
rurales o barrios de colonias periféricas en las
cuales las fronteras entre lo legal e ilegal han
sido producidas por diversas legalidades pro-
pias del campo jurídico que opone la legalidad
estatal a otras legalidades como la de la calle,
microgrupos de consumos o la utilizada por
la violencia organizada (Santos, 2009).
La sociedad veracruzana no recuerda una
situación similar, sino aquellas que por tradi-
ción oral pueden considerarse coyunturas de
mayor polarización económica y política en
el estado, tales como: conflictos por la tierra
entre rancheros antiagraristas y agraristas en
los años treinta y la violencia política utilizada
por caciques como mecanismo de control
territorial y población en los años setenta. En
efecto, el actual ciclo de violencia sociopolítica
puede interpretarse en muchas regiones del
estado como producto de la acumulación
de procesos de violencia no controlados
institucionalmente que detonan por facto-
res externos a la dinámica del campo de la
violencia (Misse y Grillo, 2014).