2) P erspectivas
locales y federales sobre la inseguridad
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En México, no hay Estado de Derecho, no hay
un consenso ciudadano de la justicia de las
normas, ni de su aplicación y, más grave aún,
la violación de la norma no tiene costo social.
Llevamos años de vivir en un sistema que
premia a los criminales dentro del gobierno,
o protegidos por este, que minaron la con-
fianza de las personas en las instituciones de
justicia del Estado.
En México existe una cultura y una economía
de la ilegalidad, cambiarla debe ser prioridad
si queremos llegar a tener seguridad, pues no
puede haber seguridad si no hay consecuen-
cias por la violación de las normas.
El funcionamiento correcto de todo el sis-
tema de justicia genera seguridad y confian-
za de la ciudadanía hacia las instituciones.
En nuestro país el sistema de justicia está
compuesto por las policías, las fiscalías, la
defensoría pública, los jueces y finalmente
el sistema penitenciario.
Algunos antecedentes sobre la
aplicación de la justicia
La justicia aplicada en México había sido, hasta
hace unos años, una justicia que considera-
ba que una persona acusada era culpable
y que debía defenderse para demostrar su
inocencia, por lo tanto, hacía uso de la prisión
preventiva de manera sistemática, causando
enormes injusticias.
Hace once años se modificó el sistema penal,
se cambió por un sistema que considera que
la persona es inocente hasta que se pruebe
lo contrario. Un sistema que pone la carga
de la prueba en el Estado. Un sistema que
evalúa el uso de la prisión preventiva y la
utiliza esporádicamente. Además, se modificó
la forma en la que se llevan a cabo los juicios
penales; antes eran documentales, hoy son
juicios orales en presencia de las partes y
del juez.
Para el cambio, se asignaron recursos y tiem-
po, que fueron desaprovechados por casi
todas las entidades federativas. En la mayoría
de los estados, no se entrenó a la policía en
sus nuevas funciones críticas como recopi-
ladores de evidencia, ni a los fiscales en la
integración de la carpeta de investigación
o en la argumentación del caso frente a un
juez. De tal suerte que, al entrar en vigor
la reforma, la mayoría de los participantes
del proceso no estaban calificados para ins-
trumentarlo. Esto ha llevado a que exista la
percepción de que el sistema no sirve y que
se ha incrementado la impunidad, lo cual ha
dado excusa a los políticos para regresar
al sistema de prisión preventiva y, a su vez,
volver a los vicios de siempre.