BRUJULA CIUDADANA Fin a la corrupción. el gran desafío | Page 29

1) A rquitectura
institucional de cara a la corrupción
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que las investigaciones de corrupción estarán
a cargo de una Subprocuraduría especializada
de combate a la corrupción que estará ads-
crita a una Fiscalía General independiente. Pública, para evitar la discrecionalidad en el
gasto. Una vez atendidos estos aspectos,
podremos decir que la normatividad de la
justicia administrativa está completa.
La justicia administrativa tuvo un cambio
radical al considerar que la corrupción, que
suele ser un fenómeno dinámico, sistemá-
tico y estructural, deba ser confrontada
con un mecanismo coordinado (el comité
coordinador del SNA) que permita la gene-
ración constante de políticas públicas que
la combatan, igualmente de forma dinámica
y sistematizada. Otro avance consiste en
buscar la rendición de cuentas a la ciudada-
nía al considerar la existencia de un comité
ciudadano que vincule las demandas de
rendición de cuentas con las autoridades
competentes. Sin embargo, pese a la precisión de las refor-
mas en materia de justicia administrativa, hay
varios aspectos del combate a la corrupción
que no estuvieron contemplados en la refor-
ma constitucional ni en las leyes secundarias,
como la incorporación de la agenda de los
derechos humanos a esa lucha. La repara-
ción del daño que la corrupción genera en la
sociedad, en particular a la población que se
encuentra en condiciones más vulnerables,
no es algo que se contempla en la ley.
En ese sentido podemos decir que ese án-
gulo de la corrupción, el que tiene que ver
con los aspectos administrativos, está bien
atendido, aunque falta lo más importante
aún: modificar los marcos jurídicos que per-
miten la discrecionalidad en la ejecución de
recursos, como es la Ley de Obras, las de
Adquisiciones, las de Servicios para evitar
adjudicaciones directas; o la de asociaciones
público privadas, la de prestación de servicios
y de inversión, para evitar deudas ocultas
o las de Presupuesto y Gasto o de Deuda
La lucha anticorrupción también dejó de
lado la corrupción que se da en las cárceles
y centros penitenciarios, en los ministerios
públicos y los juzgados, en las fronteras del
país, en el ejército y en las corporaciones
policiacas. Las reformas no contemplaron los
vínculos entre los servidores y representantes
públicos y el crimen organizado, que puede
ser la muestra más grave de la corrupción.
Tampoco están previstas las acciones del
Estado para recuperar lo saqueado. Hay un
universo por recorrer, y por eso es preci-
so que la próxima agenda de combate a la
corrupción se centre en las víctimas de la
corrupción.