BRUJULA CIUDADANA Fin a la corrupción. el gran desafío | Page 25

1) A rquitectura
institucional de cara a la corrupción
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Ésta se refiere al hecho de que dichos órga-
nos no logran ser dique de los constantes
y mediáticos destapes de casos de corrup-
ción que se documentan a lo largo y ancho
del país. La población espera una relación
de equivalencia entre casos de corrupción
develados y sentencia efectiva, lo cual no
solamente no se da, sino que tiene que ver
muy poco con los Comités de Participación
Ciudadana.
Si bien, no ayuda el hecho de que al haber
sido nombrados los Comités de Partici-
pación Ciudadana contaron con una alta
expectativa por parte de la población, su
incapacidad de protagonizar verdaderos
golpes al tablero de los intereses creados
en los estados ha mandado el mensaje a la
ciudadanía de que, como órgano, carecen
en la práctica de dientes.
Atendiendo a las facultades que les confiere
la Ley del Sistema Nacional Anticorrupción
y las legislaciones pares de jurisdicción esta-
tal, los Comités de Participación Ciudadana
pueden, sin embargo, hacer valer su única
posibilidad de advertir fallas, cerrar áreas
de riesgo de corrupción y exigir con ello
rectificar el sistema en lo que a control y
manejo de decisiones se refiere. Lo ante-
rior pueden realizarlo con la emisión de
recomendaciones, algo que se halla entre
sus facultades.
Ante la ausencia de capacidades sancio-
nadoras reales, la fragilidad del Estado de
derecho, la alta expectativa de impunidad y
lo garantista del sistema de justicia penal y
sus endebles procesos, las recomendacio-
nes son una de las pocas vías para lograr
cambios en los sistemas actuales. El gran
reto es hacer de las recomendaciones algo
más que un llamado a misa. Las recomen-
daciones que emita el Sistema Nacional y
los Sistemas Locales Anticorrupción (que
son presididos siempre por un ciudadano
o una ciudadana), deberán ser aceptadas
o, en definitiva, representar altos costos
políticos para la autoridad que las rechace.
Las recomendaciones brindan dos posibi-
lidades: cuando se rechazan, permite a los
Comités de Participación Ciudadana exhibir
la falta de compromiso que con el Sistema
Anticorrupción tiene la dependencia co-
rrespondiente; esto debe significar un alto
costo a sus titulares. Por otro lado, cuando
se aceptan, las recomendaciones deberán
ser la vía para corregir áreas de oportunidad
en el sistema.
Se pueden emitir recomendaciones al Po-
der Judicial para crear bases de datos uni-
versales de denuncias contra jueces y ma-
gistrados; pedir al Ejecutivo efectuar doble
verificación para evitar contratar Empresas
Facturadoras de Operaciones Sospechosas.