1. B alance
general de las elecciones
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podía gastar 285.5 millones para 18 millones
de electores; el año que entra, un candidato
presidencial podrá gastar 420 millones de
pesos para atender a 87 millones de electo-
res en toda la República. Con un tope tan
alto, era factible que circulara mucho dinero,
fortaleciendo la percepción de derroche que
tanto molesta a la ciudadanía. Además, cir-
cularon más de 200 millones de pesos que
los candidatos no reportaron al INE, pero
que sí fueron detectados y sancionados. Con
todo, para cualquier observador, el exceso de
gasto, independientemente de prueba alguna,
parecía evidenciar que se habían rebasado los
topes, como ocurrió en Coahuila, donde el
tope era de apenas 19.2 millones de pesos.
Fortalecer la capacidad de
fiscalización del INE
Ahora bien, las conclusiones de la fiscali-
zación apuntan a tendencias muy preocu-
pantes. La competencia en las elecciones se
ha incrementado y los resultados muestran
diferencias de mucho menos de cinco puntos
porcentuales. Eso lo saben los partidos y can-
didatos, y es por ello que deciden gastar más
de lo permitido y deliberadamente ocultar
ingresos y gastos a la autoridad electoral.
En consecuencia, la rendición de cuentas
partidaria se complica y muy fácilmente se
rompe la equidad en la competencia. En
un escenario así, las candidaturas indepen-
dientes y los partidos con menor presencia
encuentran más dificultades para competir.
La posibilidad de que el Tribunal Electoral
confirme los hallazgos del INE en Coahuila y
así anule la elección, sentará un precedente
importante para el año que entra. Con todo,
ello requiere de fortalecer la confianza en la
capacidad de fiscalización del INE. Lamen-
tablemente, la percepción ciudadana parece
caminar en sentido contrario.
La otra forma del uso de los recursos durante
una campaña es más complicada de probar y
castigara. Me refiero al uso de recursos para
comprar votos o intimidar a la ciudadanía.
Este tipo de acusaciones también han prolife-
rado y la percepción es que no se hace nada
al respecto. Ese es el terreno de competencia
de la FEPADE. Se trata de delitos electorales
que se resuelven por la vía penal y consti-
tuyen procedimientos muy diferentes a los
que realiza el INE en la fiscalización. Además
de la dificultad para investigar este tipo de
casos, el efecto de las eventuales sanciones
no son electorales, sino pen ales para quién
los comete.
El procedimiento que sí complementa la fis-
calización y está en la competencia del INE
es el desahogo de las quejas que presentan
los partidos contra sus rivales, relativos al
mal uso de recursos. Durante las elecciones