BRUJULA CIUDADANA El Ejecutivo y su curva de aprendizaje | Page 14

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tengan ningún obstáculo como sucede ahora
y que, además, puedan pactar los contra-
tos colectivos con las empresas con total
conocimiento y aceptación explícita de los
trabajadores. Ello, para que la figura de los
contratos de protección ya no siga vigente.
Debe recordarse que con este término nos
referimos a aquellos acuerdos, en materia
de condiciones de trabajo y salarios, que se
celebran entre un patrón y una organización
ficticia que tiene un registro legal pero que
no cuenta con el aval ni el conocimiento de
sus agremiados.
Empresarios, sindicatos y la
emergencia del nuevo sindicalismo
En este caso, a las dificultades técnicas que
supone la hechura de una legislación so-
bre un órgano que no tiene precedentes
en México, se adiciona la presión política.
Los representantes del capital, el Consejo
Coordinador Empresarial (CCE), y por su
parte, las viejas centrales, en particular la
CTM, han manifestado su deseo de que esta
instancia sea tripartita, en la que participen,
dicen, trabajadores, empresas y empresarios
(sic) y la autoridad como gran mediadora.
Lo que intentan, en realidad, es fraguar un
gran engaño: convertir el organismo de
conciliación y registro en un aparato bajo
el control de las dirigencias patronales y los
vetustos personeros del sindicalismo para
que nada cambie y así conservar el manejo
de los registros de asociaciones en manos de
quienes lo han manipulado durante los últi-
mos setenta años, manteniendo sometidos
a los trabajadores a las prácticas de control
y simulación que ya conocemos.
Sus intenciones encuentran, sin embargo,
dos obstáculos: el primero, la posición del
gobierno actual incluyendo la Secretaría
del Trabajo; del grupo parlamentario de
MORENA; y de agrupaciones independien-
tes. La cúpula empresarial cree que puede
cambiar esta situación mediante amenazas
de cancelar inversiones y fugas de capitales.
Pero el segundo escollo es más complicado,
pues se trataría de engañar a los gobiernos,
parlamentos y sindicatos de Estados Unidos
y Canadá, firmantes del llamado T-MEC, el
nuevo Acuerdo de Libre Comercio entre los
tres países, que en sus cláusulas laborales y
en un anexo especial han comprometido al
Estado mexicano a realizar los cambios en
la LFT de acuerdo a los señalado en el 123
constitucional.
Con el fraude que intentan cometer, se
arriesgan a que el Acuerdo trinacional sea
rechazado por los legislativos de los países
socios de México. Particularmente en Estados
Unidos, donde la nueva mayoría demócrata