BRUJULA CIUDADANA Ciudadanía activa y enérgica | Page 26

Brújula Ciudadana 106
24
plurinominales). En la medida en que la defi-
nición de los temas por consultar no satisfizo
los requisitos de ley, la Suprema Corte no dio
su aval para que dichas consultas se realizaran.
Ciertamente, se puede argüir que los requisi-
tos establecidos por la ley para la celebración
de consultas populares con carácter vinculan-
te son excesivamente restringidos. Pero esta
constatación, que eventualmente podría dar
lugar a una revisión de las reglas, no equiva-
le a legitimar la realización de ejercicios de
consulta al margen de las reglas establecidas
en la ley: quién convoca, la constitucionalidad
del tema por consultar, el papel del INE en
la organización y en el conteo del resultado
y la utilización de los tiempos del Estado
para difundir en igualdad de circunstancias
los argumentos a favor o en contra del tema
consultado, entre los más importantes.
Las consultas populares deben, ante todo,
entenderse como un derecho de la ciudadanía
y no como una herramienta al servicio del
poder. En ausencia de reglas claras y garan-
tes de la trascendencia del tema a consultar,
las consultas pueden devenir en lo contra-
rio a una vía de empoderamiento, es decir,
convertirse en un recurso a modo de los
gobernantes para legitimar decisiones previa-
mente tomadas. Como lo ilustra con claridad
el caso del Nuevo Aeropuerto Internacional
de México, una consulta a modo, realizada
al margen de los requisitos definidos por la
ley, sirvió de “argumento” para justificar una
decisión previamente adoptada y que dista
de satisfacer los más elementales criterios de
viabilidad técnica y financiera.
La consulta popular puede ser un muy eficaz
mecanismo de empoderamiento ciudadano
y de fortalecimiento del orden democrático.
Pero puede también ser desvirtuada por un
poder político que apelando a la voluntad
popular ve en las consultas una vía para tomar
decisiones al margen de cualquier criterio de
viabilidad o, incluso, por encima, de las res-
tricciones legales e institucionales existentes.
Es del interés de la sociedad civil organizada promover el empoderamiento
ciudadano y, por tanto, las distintas modalidades de democracia participativa.
Pero precisamente por ello es también de su interés evitar que este meca-
nismo se convierta en herramienta al servicio de un poder político que no
admite límites ni contrapesos. A la luz de esta consideración, la capacidad de
propuesta ya exhibida en relación con otros temas de la agenda pública de-
berá convertirse en un insumo indispensable para hacer los mecanismos de la
democracia participativa un sólido pilar del régimen democrático.