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El crecimiento económico
El bicentenario de la vida independiente de México,
y los cien años de la gesta revolucionaria, constituyen
el punto de referencia obligado para reflexionar
sobre la forma en que el país debe enfrentar los
desafíos que hoy trastocan su estabilidad. Alcanzar
un nivel de desarrollo superior obliga a que los
liderazgos de la sociedad trabajen de manera
coordinada en torno a proyectos que favorezcan el
progreso integral de los habitantes del país.
Fomentar el crecimiento económico constituye
no únicamente una alternativa para solucionar
los desequilibrios que atentan contra la cohesión
nacional, sino que además atiende las necesidades
y el bienestar de las personas.
A la pregunta de por dónde comenzar la reactivación
se debe responder: por la causa del problema, en
otras palabras por el gobierno. Es tiempo de que
el sector público se vuelva eficiente y eficaz en el
manejo de los recursos económicos, que plantee
estrategias alcanzables con un marcado objetivo
social: reducción de la pobreza y de la inequidad
en la distribución de la riqueza constituyen un buen
inicio.
El mecanismo para alcanzar lo anterior no es
otro que la generación de empleo, con buenas
remuneraciones y prestaciones sociales. Usar al
fantasma de la inflación si se aumenta el salario es
un argumento que debe llegar a su fin, para evitarlo
es necesario incrementar la productividad de las
empresas, con lo que al mismo tiempo se alcanzaría
un mayor nivel de competitividad.
La primera propuesta que debe aplicarse para
lograr la consecución de lo anterior es la reducción
de los impuestos sobre la renta y la nómina.
La segunda es la generación de un único gravamen
sobre el ingreso, desapareciendo él IETU.
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Las disminuciones citadas deben aplicarse
directamente a la inversión y al incremento del
salario, ese debe ser el compromiso de las empresas.
Evidentemente que en el sector público surgirán
voces de protesta indicando que ello implicaría
afectar a las finanzas públicas. Eso no ocurriría si al
mismo tiempo el gasto de gobierno se reduce. Como
ejemplo se tienen a los más de 300 mil millones de
pesos que se gastan en prestaciones adicionales
a funcionarios, contrataciones de terceros, bonos
de productividad (de un gobierno improductivo),
gasto de publicidad, intermediación financiera y
comercial, entre otras cosas.
Con una reducción de 20% de este gasto se puede
iniciar un proceso de reactivación del mercado
interno. La medida propuesta también involucra a
los gobiernos estatales y municipales, quienes han
ejercido su presupuesto sin el menor compromiso
de transparencia y eficacia, y dado el estado
económico y social que guarda la nación parece el
momento de obligarlos a ello.