Impactos y daños del conflicto armado
4.4. Los daños e impactos que ocasionan la impunidad, las deficiencias en la atención estatal y en las respuestas sociales
Los daños referidos por las víctimas en el trabajo del gmh no han sido causados únicamente por las acciones violentas de los actores armados. En algunos testimonios, las personas dejan constancia de que las pérdidas y los sufrimientos más intensos derivan de situaciones posteriores, asociadas a las condiciones de impunidad instaladas en el contexto político, a la falta de reconocimiento de las víctimas, a la insuficiencia de las acciones de verdad, justicia y garantías de no repetición, así como a la precaria, e incluso, contraproducente atención institucional, además del rechazo y la indolencia social.
El caso de La Rochela ilustra que la impunidad no solo acentúa los sufrimientos de las víctimas, sino que además provoca nuevos daños y consecuencias traumáticas. El deficiente avance y resolución de los procesos judiciales, su lentitud, la gran cantidad de obstáculos que impiden impartir justicia, además de la persecución a algunos sobrevivientes y sus familias, han provocado padecimientos intensos que agravan la estabilidad emocional y física de los familiares y sus condiciones de vida. Así lo narra una víctima de La Rochela:
No todas las familias demandaron, las mamás no pudieron recoger la documentación pedida, arrancamos con la demanda administrativa y tristemente se veía que lo penal se iba quedando rezagado … las amenazas seguían, inclusive al papá del doctor Flechas lo amenazaron, entonces lo penal se estaba quedando ahí. Continuamos con lo administrativo, la mayoría de demandas de las familias no las admitieron por indebida acumulación de pretensiones. Había que desglosarlas y teníamos solo cinco días, arrancamos con eso y luego el Tribunal de Bucaramanga [ departamento de Santander ] nos falló que no había responsabilidad del Estado. 149
149. gmh, La Rochela, 244.
En el caso de las masacres de Remedios y Segovia( en el nordeste del departamento de Antioquia), las víctimas han planteado que sus dificultades se debieron a la ausencia de garantías de seguridad para hacer denuncias, la carencia de una investigación eficaz que condujera a la asignación de responsabilidades y al castigo oportuno a los victimarios, así como a la inoperancia de la acción judicial y policiva para el desmonte de las estructuras criminales. De esta forma, el acceso a la justicia está limitado porque el victimario sigue presente en el territorio, y al parecer las víctimas deben asumir con frustración la impunidad, no solo porque los victimarios evaden la justicia o son condenados a penas consideradas irrisorias porque no corresponden a la magnitud de los hechos, sino por la impotencia de las víctimas y los familiares para denunciarlos. Así lo relata una sobreviviente en Segovia:
A una sobrina mía que le mataron al papá, al otro día fue y puso la demanda, ¿ y qué le tocó hacer? Ahí mismo le tocó retirarla porque al otro día bajaron a la casa y la llamaron […]. Entonces le dijeron que quitara esa demanda o que no respondían por la vida de ella. Que ya el que necesitaban ya se lo habían llevado, que contra ella no tenían nada […]. Entonces acá no se podía hablar, quédese callado que hiciera lo que hiciera se tenía que quedar callado […] así se estuviera muriendo de rabia, se estuviera muriendo de la ira, pero no podía hacer nada. 150
Los procesos de búsqueda de justicia agregan más costos emocionales. En la mayoría de los casos trabajados por gmh( 2007-2011) el Estado incumplió con su obligación de representar a las víctimas eficazmente en los procesos judiciales, de manera que se abocaron a buscar con sus propios medios y esfuerzos pruebas que les permitieran entablar los procesos para demandar justicia, saber sobre la suerte de sus familiares o el lugar donde reposan sus restos. Por ejemplo, en Montería una mujer fue a reclamar el cadáver de su esposo:
150. gmh, Segovia y Remedioas, 228.
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