Guerra y justicia en la sociedad colombiana
Asamblea Nacional Constituyente que debía redactar una nueva Carta Política para la nación.
Este rápido repaso por lo que fue el momento constitucional ilustra bien algunas tensiones importantes. Lo primero es que la violencia, y en particular la desplegada por los carteles de la droga, es uno de los factores detonantes del movimiento que da lugar a la Constituyente. Lo segundo, sin embargo, es que un proceso de tan hondo calado como el de la Constituyente encontró un lugar en la institucionalidad gracias a la crisis provocada por la violencia. Aunque fuera cierto que el régimen político tenía serias limitaciones en términos de inclusión, si no hubiera habido guerra y excepcionalidad la historia habría sido completamente distinta. Porque había guerra y porque a la guerra se respondía con mecanismos excepcionales, la Constitución nació en el país y de la manera en que nació, respetando fielmente la tradición legalista a la que hicimos referencia antes y apuntalada en su carácter verdaderamente constituyente y no meramente constitucional, como quería el Gobierno, gracias a la independencia relativa de la rama jurisdiccional.
Lo tercero es que pese a ser concebida como tratado de paz, dirigida a modificar las estructuras en las que se afincaba la violencia, la Constituyente guardó silencio en torno a las medidas con las que en la práctica se enfrentaba la violencia y terminó manteniendo instituciones como la justicia sin rostro, claramente violatorias de garantías procesales mínimas, que habían sido diseñadas en contextos de excepción para responder a las amenazas al orden público. No parece, en efecto, que la necesidad sentida de la paz, en un contexto de amedrentamiento ocasionado por la violencia de los narcos, abriera campo para una reflexión profunda sobre las estrategias excepcionales con las que se intentaban contener las graves amenazas que se cernían sobre la seguridad pública.
En la forma como desde la expedición de la Constitución de 1991 el aparato judicial ha respondido a la violencia asociada al conflicto armado interno, han sido constantes las contradicciones entre tendencias progresistas y otras menos progresistas en la interpretación del texto constitucional. En un contexto de creciente protagonismo de los jueces, la inclusión progresiva del concepto de bloque de constitucionalidad, según el cual los tratados de Derechos Humanos tienen rango constitucional, permitió a las altas cortes incorporar en la interpretación de las normas penales los principios del derecho internacional de los Derechos Humanos. Esa tendencia, sin embargo, convive con la supervivencia, y a veces incluso el fortalecimiento, de tendencias menos progresistas o decididamente autoritarias.
3.2.3. La estrategia de sometimiento del gobierno Gaviria
Un claro ejemplo de la coexistencia de tendencias progresistas con otras autoritarias en las épocas posteriores al cambio constitucional es el de la llamada política de sometimiento del gobierno de César Gaviria. Con esta, el gobierno afrontó el desafío sin precedentes derivado de la guerra que los grandes carteles de la droga le habían declarado al Estado para combatir la extradición. En ella, bajo la justificación de estar librando una batalla contra el narcoterrorismo, el primer gobierno en el marco de la nueva Constitución continuó por el camino de la excepcionalidad jurídica para endurecer las penas, introducir innovaciones procesales que chocaban con los más elementales principios del garantismo penal, utilizar el Estatuto Antiterrorista( aprobado bajo el gobierno de Virgilio Barco) para recortar las libertades públicas de otros sectores sociales distintos a los narcotraficantes y afectar significativamente el principio de igualdad ante la ley penal. 64
Gaviria fue el único candidato presidencial— de los que quedaron vivos para las elecciones de 1990— que defendía la extradición y su aplicación por la vía administrativa, y por ello fue un blanco predilecto de las amenazas y los atentados del Cartel de Medellín. Pero también planteaba que esa política debía combinarse con la aplicación de acciones alternativas de negociación con los extraditables y de fortalecimiento de la justicia para desactivar una guerra que progresivamente se había ido
64. Rodrigo Uprimny,“ El‘ laboratorio’ colombiano: narcotráfico, poder y administración de justicia”, en El caleidoscopio de las justicias en Colombia.
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