Los orígenes, las dinámicas y el crecimiento del conflicto armado y la gestión pública. A esto habría que sumar el impacto cultural del narcotráfico relacionado con la apertura de una vía rápida de ascenso social basada en la cultura del dinero fácil y la instrumentalización de la violencia, provocando una banalización de la violencia y un deterioro de los referentes éticos de la sociedad que no tienen que ver únicamente con no cuestionar la moralidad de los medios sino también la de los fines. En este proceso de reconfiguración social y cultural, el misticismo del guerrillero de los años sesenta y setenta, que calaba tanto en el país urbano, fue reemplazado por el pragmatismo del narcotraficante, que de hecho se convirtió en un referente socialmente aceptado de movilidad social exitosa para amplios sectores de la población.
De otra parte, durante la guerra contra las drogas promovida por Estados Unidos, en el periodo presidencial de George H. Bush, tuvo lugar el enfrentamiento de los narcotraficantes con el Estado colombiano. Esta pugna afectó el contexto político e impactó la estrategia institucional de confrontación del conflicto armado, pese a que internamente el desafío abierto de los narcotraficantes ya contaba con el trágico antecedente del asesinato del ministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla, en 1984. A finales de los años ochenta, para impedir la extradición de narcotraficantes a los Estados Unidos, el Cartel de Medellín y otras organizaciones ilegales realizaron una campaña de atentados terroristas contra instituciones y agentes del Estado, así como contra figuras políticas reticentes a su creciente poder y a su actividad criminal. Algunas de las acciones terroristas ejecutadas por el Cartel de Medellín fueron el carro bomba contra el edificio del das, el atentado contra el periódico El Espectador y la detonación de una bomba dentro de un avión de Avianca en pleno vuelo, todas en 1989. Su capacidad para generar terror se evidenció también en otras acciones, entre ellas: el magnicidio de Luis Carlos Galán, candidato presidencial por el Partido Liberal, en agosto de 1989; el ataque sistemático contra los operadores judiciales, como los ministros de Justicia Rodrigo Lara Bonilla, en 1984, y Enrique Low Murtra, en 1990, al igual que el atentado en Budapest contra el ministro de la misma cartera, Enrique Parejo González, en 1987; y el asesinato del Procurador General de la Nación, Carlos Mauro Hoyos, perpetrado en enero de 1988.
Esta ola de terror debilitó al Estado por la apertura de dos frentes de guerra, uno en el conflicto armado y otro en el narcotráfico. Igualmente, el ataque de los narcotraficantes golpeó el sistema judicial, que disminuyó su eficacia en la administración de justicia en casos relacionados con el conflicto armado. Paradójicamente, el narcotráfico también endureció la justicia, y en muchos sentidos limitó su talante garantista, tal y como se analizará en el capítulo 3 de este informe.
Este carácter dual del paramilitarismo frente al Estado— amigo en la lucha contrainsurgente y enemigo en la lucha contra el narcotráfico— 100 entrañó una paradoja que se volvió inviable cuando se acentuó el narcoterrorismo. Entre finales de los ochenta y comienzos de los noventa, se desencadenó una crisis interna dentro del paramilitarismo del Magdalena medio. Su líder más importante, Henry Pérez, fue asesinado el 20 de julio de 1991 por hombres de Pablo Escobar, quienes le cobraron su traición por haberse unido al esfuerzo conjunto de fuerzas legales e ilegales para acabar con Escobar. Quien sucedió al jefe paramilitar, un oficial retirado del Ejército, Luis Meneses( alias Ariel Otero), acordó con el Gobierno de César Gaviria( 1990-1994) la desmovilización del puñado de combatientes en esa región que le seguían siendo leales, y poco después, en 1992, también fue asesinado, al parecer, por hombres de Escobar. 101
La penetración del narcotráfico en la organización paramilitar y los efectos que este tuvo sobre la naturaleza contrainsurgente de las autodefensas volvieron más complejo el conflicto armado, inaugurando tramas difíciles de diferenciar entre la guerra y la criminalidad organizada. El narcotráfico impactó tan decisivamente en la estructura paramilitar que en distintas regiones estos grupos se convirtieron en el brazo armado de los narcotraficantes, como sucedió en el bajo Putumayo y el Ariari, en donde se impusieron los grupos al servicio del narcotraficante Gonzalo Rodríguez Gacha. Esta situación no fue ajena a otros grupos paramilita-
100. Véase: Gutiérrez y Barón,“ Estado, control territorial y orden político en Colombia”. 101. Se trata de Henry de Jesús Pérez, en 1991; Ariel Otero, en 1992, y El Zarco, en 1993. En Gutiérrez y Barón,“ Estado, control territorial y orden político en Colombia”.
145