INFORME GENERAL Centro Nacional de Memoria Histórica
que buena parte de las movilizaciones pretendía una mayor intervención del Estado, y no necesariamente su colapso.
Esa racionalidad de la movilización social y política estaba en sintonía con el reformismo del Gobierno Barco, que apuntaba a renovar la legitimidad del Estado, pero tropezaba con su fragmentación institucional. El poder civil, que permitía la protesta social, entraba en contradicción con el poder regional y militar, que tramitaba dicha protesta. Esta situación provocaba un efecto contrario al esperado: de la intención democrática del primero, se llegaba a la acción autoritaria del segundo. Además, tanto las guerrillas como los militares interfirieron en el desarrollo de un movimiento social democrático que no se agotaba en la izquierda política y que continuó creciendo hasta 1987, luego de lo cual sobrevino su declive en el momento más crítico de la interferencia de las guerrillas y el desencadenamiento de la represión paramilitar. 90
Desde luego, el golpe más notable a los esfuerzos de Barco por relegitimar la vía política fue el asesinato sistemático de militantes y dirigentes de la Unión Patriótica. Tal fue el caso de José Antequera el 3 de marzo de 1989, Diana Cardona el 26 de febrero de 1990, entre otros y de los candidatos presidenciales Jaime Pardo Leal, en octubre de 1987, y Bernardo Jaramillo Ossa, en marzo de 1990. Estos crímenes se hicieron extensivos a otros grupos, como el asesinato de Carlos Pizarro Leongómez, en abril de 1990, dirigente político de la entonces recientemente desmovilizada guerrilla del m-19 y candidato presidencial por el nuevo movimiento político Alianza Democrática m-19. Dicha cadena de crímenes se produjo pese a los esfuerzos públicos de la dirigencia de la up por deslindarse de las farc, incluyendo la decisión del V Pleno de la up, celebrado en 1987, de distanciarse de dicha organización guerrillera. Esta serie de asesinatos se había iniciado ya desde el Gobierno de Betancur, en la campaña electoral de 1986, y prosiguió luego con el crimen de Jaime Pardo Leal, en octubre de 1987. La ola de terror y de guerra sucia, asociada al exterminio iniciado en 1986, fue especialmente intensa
90. Véase: Restrepo, Luis Alberto,“ Movimientos cívicos en la década de los ochenta”, 381-409. en regiones como Urabá, bajo Cauca antioqueño, Magdalena medio, Arauca y Meta, donde la up había logrado desplazar a la clase política tradicional. 91 En esta línea de acción se inscriben las masacres de Segovia y Remedios, en el nordeste antioqueño, documentadas por el gmh.
En total fueron asesinados dos candidatos presidenciales— Jaime Pardo Leal y Bernardo Jaramillo Ossa—, ocho congresistas, 13 diputados, 70 concejales, 11 alcaldes y miles de sus militantes. Los asesinatos fueron perpetrados por grupos paramilitares, miembros de las Fuerzas de Seguridad del Estado( Ejército, Policía secreta, Inteligencia y Policía regular), muchas veces en alianza con los narcotraficantes, según lo han documentado los fiscales de Justicia y Paz. 92 No obstante, a pesar de la pérdida de representación política, la up resistió el embate de la violencia y sobrevivió. En las elecciones de 1990 la población eligió a tres senadores, cuatro representantes a la Cámara, 24 diputados, 12 alcaldes y 257 concejales del partido. Estas cifras, pese a que demostraban una reducción de su representación política en el Congreso de la República( tuvieron cinco senadores y nueve representantes a la Cámara en las elecciones de 1986), confirmaban su estabilidad en el ámbito local y regional, en donde habían sido elegidos 15 alcaldes, 261 concejales y 10 diputados en las elecciones de 1988. 93
Para finales del mandato de Barco, la crisis se hizo más patente debido al agravamiento de la violencia paramilitar, con acciones como la matanza de funcionarios judiciales en La Rochela, Barrancabermeja, región del Mag-
91. Véanse: Leah Anne Carroll, Violent Democratization. Social Movements, Elites, and Politics in Colombia’ s Rural War Zones, 1984-2008( Notre Dame: Notre Dame Press, 2011); Guido Bonilla, La violencia contra la Unión Patriótica: Un crimen de lesa humanidad( Bogotá: Centro de Estudios e Investigaciones Sociales, ceis, 1993); y Defensoría del Pueblo, Informe para el Gobierno, el Congreso y el Procurador General de la Nación: Recomendaciones del Defensor del Pueblo; estudio de casos de homicidio de miembros de la Unión Patriótica y Esperanza, Paz y libertad( Bogotá: Ediciones Jurídicas Gustavo Ibáñez, 1992). 92. Véase: Defensoría del Pueblo, Informe para el Gobierno, el Congreso y el Procurador General de la Nación. 93. Defensoría del Pueblo, Informe para el Gobierno, el Congreso y el Procurador General de la Nación.
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