INFORME GENERAL Centro Nacional de Memoria Histórica
vos grupos en varias zonas del país: en Córdoba bajo el liderazgo de Fidel Castaño; en el Cesar, con los hermanos Prada; en la Sierra Nevada de Santa Marta, con Hernán Giraldo y Los Rojas; en Casanare, con Los Buitrago; y en los llanos orientales y Putumayo, con los aparatos armados al servicio del narcotráfico. Las acciones paramilitares no siempre fueron perpetradas por estructuras armadas constituidas al margen de la ley, sino que en muchos casos fueron acciones clandestinas de sectores radicales de las Fuerzas Militares, o simplemente acciones sicariales que respondían a alianzas funcionales y coyunturales entre distintos actores económicos, políticos y militares que no apuntaban a la conformación de grupos o comandos permanentes. 86
En medio del recrudecimiento de la guerra sucia, distintos sectores de las Fuerzas Militares insistían en defender públicamente la existencia de los grupos de autodefensa y se negaban a condenarlos. Este apoyo se prorrogó con la aprobación del Manual ejc-3-10( reglamento de combate de contraguerrillas), por parte del entonces comandante del Ejército— y luego ministro de Defensa— Óscar Botero, en noviembre de 1987, que reiteraba a las Juntas de Autodefensa como uno de los principales apoyos en la lucha contrainsurgente. 87
Este paraguas legal llevó a varios batallones militares en el Magdalena medio a darle apoyo logístico, proveer armas y municiones y respaldar a varios grupos de autodefensa que habían surgido para protegerse de la agresión guerrillera. El respaldo militar a estos grupos, con sede principal en Puerto Boyacá, coincidió con la llegada a esa región de varios narcotraficantes, entre ellos Pablo Escobar, Gonzalo Rodríguez Gacha y Jairo Ortega, quienes compraron allí extensas fincas para montar laboratorios clandestinos e invertir en ellas las enormes ganancias de sus negocios ilícitos. Estos hombres llegaron con sus ejércitos privados y pronto termi-
86. Rodrigo Uprimny y Alfredo Vargas,“ La palabra y la sangre: violencia, legalidad y guerra sucia en Colombia”, en La irrupción del paraestado, comp. Germán Palacio,( Bogotá: ilsa / cerec, 1990), 131-133. 87. gmh, La Rochela. Memorias de un crimen contra la justicia( Bogotá: Taurus / Semana, 2010). naron aliados con los grupos de autodefensa, e indirectamente con los militares, en la causa común de contrainsurgencia. El refuerzo financiero le permitió a los paramilitares consolidar un dominio absoluto en esa región, y extenderse a otras zonas del país, bien fuera para proteger laboratorios( Putumayo y Caquetá) y rutas de exportación( Córdoba, Magdalena), o para combatir a la guerrilla( llanos orientales).
La oposición ilegal y legal a los esfuerzos democratizadores de Barco fue reforzada por los cambios que imprimió la administración de Ronald Reagan en Estados Unidos a la lucha contra el comunismo, así como por su intervención en los conflictos armados de Centroamérica. De hecho, la legitimidad política reconocida a la Contra nicaragüense 88 era invocada y replicada para los grupos de autodefensa.
La guerrilla se militarizó y la Fuerza Pública criminalizó a la izquierda democrática y en general a la movilización social expresada en huelgas, paros cívicos y otras formas de manifestación. Así, unos y otros diluyeron la frontera entre combatientes y civiles, entre luchas sociales y acciones insurgentes. No podían entender que la concepción de las guerrillas acerca de la movilización social y la participación electoral no coincidía necesariamente con la agenda de la movilización sindical, campesina y cívica que en efecto tenía lugar. La guerrilla se negaba a reconocer que la movilización social respondía, en buena medida, a las oportunidades de protesta social que brindaba el Gobierno Barco. 89 Las exigencias sociales frente al Gobierno buscaban garantizar una mayor presencia y acción estatal en sus territorios. Esto quiere decir
88. La Contra era la etiqueta que agrupaba a los distintos grupos armados que se opusieron al Gobierno del Frente Sandinista de Liberación Nacional que tomó el poder en Nicaragua luego del derrocamiento del dictador Anastasio Somoza, en julio de 1979. Se denominaban contras por su naturaleza contrarrevolucionaria. El papel de Estados Unidos en el financiamiento, entrenamiento y abastecimiento de la Contra nicaragüense se hizo público en 1988, cuando estalló el escándalo Irán- Contras. Se descubrió la venta ilegal de armas a Irán como medio de financiación de la Contra, cuando ese país estaba en guerra con Irak( 1980-1988). 89. Véase: Zamosc,“ Transformaciones agrarias y luchas campesinas en Colombia”, 7-45.
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