Los orígenes, las dinámicas y el crecimiento del conflicto armado tecnocrático de la paz, centrado en la inversión en obras de infraestructura que buscaban romper el aislamiento geográfico y la marginación de las regiones afectadas por el conflicto armado, por medio del Plan Nacional de Rehabilitación − pnr. Quitarle base social a la guerrilla sin descuidar el fortalecimiento de la presencia del Ejército y la Policía fueron los dos ejes de la estrategia de Barco para enfrentar el conflicto armado. A su vez, los criterios de su política de paz, consignados en un documento entregado por Carlos Ossa, consejero presidencial, a las farc en septiembre de 1986, insistían en que la búsqueda de la paz no podía ser un objetivo aislado del conjunto de las acciones estatales, sino que debía comenzar por el fortalecimiento de la legitimidad de las instituciones y de la organización política del país. 84 Se trataba de una intervención territorial antes que sectorial, en la que se buscaba una presencia integral del Estado en la periferia con miras a su recuperación. Esta pretensión supuso una innovación respecto al tratamiento militar.
La implementación del pnr restituyó un canal de comunicación directo entre el Estado y la población en las periferias. Esto solo había ocurrido sectorialmente con el campesinado a través de la anuc durante en el Gobierno de Lleras Restrepo, y del programa Desarrollo Rural Integrado − dri durante el Gobierno de López Michelsen. Este enfoque más territorial no ignoraba el problema de la tierra. De ahí que el Gobierno Barco haya intentado implementar, con resultados limitados, una nueva reforma agraria mediante la Ley 30 de 1986.
Esta apuesta institucional vino acompañada de la implementación de reformas democráticas que, en la primera elección popular de alcaldes en 1988, dieron el paso definitivo hacia la concreción de la descentralización política y administrativa. De esta forma se intentó reforzar una concepción más civilista del orden público, reflejada en la intención de ejercer cierto control sobre las Fuerzas Armadas, mediante el nombramiento de un civil como Procurador para las Fuerzas Armadas y la creación de una Consejería Presidencial para los Derechos Humanos.
Todo este paquete de medidas, junto con el reconocimiento de fuerzas políticas de la izquierda dentro del juego político, incluyendo el reconocimiento de la Unión Patriótica y la vigencia de los acuerdos de paz— pese a la ruptura del proceso con las farc—, hacían parte de una intervención democratizadora que intentaba incidir en una guerra en desarrollo y en una crisis política continuamente postergada. Dentro de las reformas, la descentralización política y administrativa era trascendental para democratizar el Estado desde el ámbito local y regional. Igualmente vital resultaba garantizar el ejercicio pleno de la ciudadanía de sus habitantes, y proveer un mayor flujo de recursos públicos que, manejados por las autoridades locales, permitieran dar una atención estatal más oportuna y eficaz a las demandas ciudadanas.
El aislamiento del presidente Barco de la clase política tradicional, de la cual quería mostrarse autónomo, su falta de habilidad para lograr un consenso en la sociedad, y su distanciamiento de la opinión pública, 85 impidieron la aprobación de todas las reformas que debieron acompañar la política de rehabilitación y la descentralización político-administrativa en curso.
La lectura del avance electoral de la izquierda y del auge de la movilización social como expresión de un potencial levantamiento revolucionario— que era la opinión de sectores radicales de las Fuerzas Militares y de los grupos paramilitares—, tiene su correlato en las guerrillas. Estas promovieron la protesta social con la finalidad de crear una situación de desestabilización social y política que desembocara en un levantamiento popular.
En este contexto, las tensiones entre el Gobierno nacional y las Fuerzas Militares se avivaron, a la par que se multiplicaron los grupos de autodefensa y mutaron aceleradamente en grupos paramilitares, los cuales desencadenaron una brutal represión contra la población civil, mediante las masacres y los asesinatos selectivos. En ese contexto, los grupos paramilitares del Magdalena medio se consolidaron, e irrumpieron nue-
84. Bejarano,“ La política de paz durante la administración Barco”, 85.
85. Gary Hoskin, La administración Barco: del caos político a una salida( Bogotá: Fedesarrollo / Fondo Cultural Cafetero, 1994), 45.
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