Avanzando hacia la economía del conocimiento Avanzando hacia la economía del c | Page 57

Tal y como se desprende del presente trabajo, durante las últimas décadas,
España ha apostado fuertemente, en consonancia con los esfuerzos
emprendidos por las instituciones europeas, por generar un ecosistema
favorecedor de la investigación y la transferencia de conocimiento,
encaminado a consolidar el potencial de la ciencia española y promover su
impacto en el tejido productivo.
Estas actuaciones ponen de manifiesto la voluntad de las instituciones de
consolidar un marco general que ponga en valor los recursos públicos y
coloquen en el mapa económico sus resultados de investigación.
En este sentido, la aprobación de la Ley de la Ciencia, la Tecnología y la
Innovación, supuso un paso trascendental para favorecer las políticas de
transferencia de tecnología y creación de empresas de base tecnológica, ya
que por primera vez estableció un régimen general para todas las entidades
del sistema público de investigación (universidades, organismos públicos
de investigación de la Administración General del Estado, centros públicos
de investigación de otras Administraciones Públicas y centros del Sistema
Nacional de Salud o vinculados o concertados con este), que comprendía
tanto la definición de un catálogo de derechos y deberes del personal
investigador, como la previsión de sistemas de movilidad para su participación
en empresas de base tecnológica.
Conjuntamente con otras normas - Ley de Economía Sostenible y Ley de
Patentes -, este marco legal ha supuesto un gran cambio para el entorno
público de la investigación y el emprendimiento, aportando mayor claridad a
un régimen disperso y con dificultades para adaptarse a las necesidades del
mercado, a la par que actualizándolo en aquellos aspectos que han devenido
necesarios para su correcto desarrollo, en consonancia con las políticas
europeas.
No obstante, de la experiencia práctica en los últimos años, se aprecia que
aún existe margen de mejora, bien porque, en algunos casos, estas normas
aún no se adecuan plenamente a las necesidades de los centros públicos
de investigación, así como de su personal investigador, que pueden llegar
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