Avanzando hacia la economía del conocimiento Avanzando hacia la economía del c | Page 23
A diferencia de lo que ocurre en otros lugares, el principal foco de innovación y
de generación de nuevos conocimientos en España se desarrolla en entornos
pertenecientes, de forma directa o indirecta, al sector público (universidades
públicas, organismos de investigación estatales y autonómicos, hospitales
públicos y fundaciones biomédicas).
Ante la necesidad de impulsar nuevos sectores económicos basados en la
innovación y las nuevas tecnologías, las universidades han desarrollado en
los últimos años un gran impulso a la reconocida como “tercera misión de la
universidad”, lo que incluye el fomento de la innovación, la valorización de la
investigación y la promoción del emprendimiento.
Desde un punto de vista jurídico, el desarrollo de estas políticas exige unas
normas claras que permitan potenciar la generación y transferencia de nuevos
conocimientos, sin descuidar la necesaria protección del interés público,
tanto durante la investigación como en la valorización y transferencia. Sin
embargo, hasta hace unos años no se contaba con una normativa adecuada
para ello.
Por una parte, la transferencia de tecnología no disponía de un régimen
específico, adecuado a sus características concretas, lo que comportaba
que los procedimientos no dispensaran la agilidad demandada. Además,
los incentivos al personal investigador por la explotación de los resultados
que hubieran generado no estaban previstos con carácter general, lo que
producía una cierta confusión al respecto de su aplicabilidad.
Por otra parte, la creación de empresas de base tecnológica desde el
entorno universitario, como mecanismo para la transferencia de tecnología,
estaba lastrada en España por la estricta regulación existente en materia
de incompatibilidades, recogida en la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de
Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas
(en adelante, “Ley de Incompatibilidades”), que en la práctica impedía
que el personal investigador de las universidades y los centros públicos
de investigación pudieran compatibilizar su actividad en el sector público
con una participación en una empresa que explotara los conocimientos
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