Impacto
deuda y alquiler social ” es la última norma sobre desahucios derivados de impagos de préstamos hipotecarios para compra de viviendas .
La ley tiene cuatro grandes capítulos . El primero mantiene la suspensión por dos años de los desahucios de las familias en situación de especial riesgo de exclusión . El segundo modifica la normativa hipotecaria vigente en España , limitando los intereses de demora exigibles en la ejecución hipotecaria y reduce a 30 años el plazo de los préstamos hipotecarios que formen parte de la cartera de préstamos elegibles para la titulización .
En el tercero se establece un tipo de salida de subasta no inferior al 75 % del valor de tasación empleado en la concesión del préstamo . Se eleva el porcentaje de adjudicación al 70 % del tipo de subasta si no hay postores en la subasta . El órgano judicial puede paralizar el procedimiento en caso de advertirse la presencia de clausulas abusivas . En el cuarto se amplia el colectivo situado en el umbral de exclusión en el Código de Buenas Prácticas .
Algunas modificaciones significativas 4 son la fijación de un tope a los intereses de demora de tres veces el tipo de interés legal , la reducción del aval preciso para participar al 5 % del valor de tasación ( antes el 20 %), la elevación de uno a tres impagos para que la entidad de crédito pueda solicitar la ejecución . Si queda desierta la subasta la entidad prestamista se puede quedar con la vivienda solo por un 50 % del valor de tasación empleado para la concesión del préstamo .
Se considera , en general , que las reformas introducidas son escasamente ambiciosas 5 . Las suspensiones de los lanzamientos para hogares vulnerables durante dos años tienen un ámbito limitado y suponen solo un paliativo . Son tímidas las limitaciones introducidas para los intereses de demora . Resulta excesivo que estos sigan afectando a todo el capital vencido anticipadamente y no solo a la deuda vencida . Se impide al deudor optar entre un procedimiento judicial o extrajudicial . No se estimula la mediación entre deudor y la entidad . El Código de Buenas Prácticas debería de ser obligatorio para la banca .
Debería de tasarse el inmueble en la ejecución y que el banco se lo adjudicase , si no hay
4 Portillo , J . y Pérez , D . M ., “ La reforma de la ley hipotecaria entra en vigor ”, CincoDias , 22de mayo de 2013 .
5 Rodríguez Prieto , Fernando , “ La nueva ley de Protección de los Deudores Hipotecarios : poco mas ( y de lo mismo )”. ¿ Hay Derecho ?, 13.5.2013