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No obstante hay debilidades que urgen se eliminen a la brevedad como la falta de una Ley General de Archivos y la aplicación imperiosa de la recién publicada Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares que garanticen, por un lado, la dignificación y el reconocimiento social de los Archivos y, por otro, la protección de la identidad de las personas que aparecen en sus documentos.
Así, mientras el AGN avanzaba en la configuración de una archivística nacional, la ausencia de profesionales en el manejo de los documentos de archivo se convertía en un problema complejo. Ante este hecho, pocos años después de la época posrevolucionaria surgió, aunque con algunos atropellos que provocaban cierres continuos, la Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía (ENBA), considerada como la primera escuela formadora de bibliotecarios y archivistas en el país y que hoy en día continúa preparando cuadros profesionales. Con el paso del tiempo, la demanda provocó una necesidad urgente por abrir más escuelas de este tipo. De esta manera, fueron la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP), los que con sumo optimismo crearon programas -que resultarían infructuosos- para la formación de técnicos, licenciados y maestros en archivística, cesando en sus funciones al poco tiempo debido a la escasa matrícula inscrita. En los últimos veinte años, dos nuevas Instituciones de Educación Superior -la Universidad Autónoma del Estado de México (1992) y la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (2006)- tomaron conciencia de la necesidad de egresar archivistas, pero obligados más por las nuevas disposiciones nacionales que en materia de educación se emitían y de las políticas públicas que demandaban Archivos organizados para garantizar el acceso a la información, respectivamente.
Mientras esto sucedía, el AGN contribuyó con lo suyo impartiendo cursos de capacitación dirigidos al personal que ya se encontraba colaborando en los Archivos. Esto dio pauta para que esta institución se diera cuenta de los problemas comunes que se repetían en todas los organismos archivísticos, tales como ausencia de leyes, organización documental heterogénea, hacinamiento, personal escaso y mal preparado, entre otros aspectos. Este panorama condujo a la organización de una serie de eventos académicos en todo el país. Congresos Nacionales, Regionales, Estatales, Locales, Temáticos, etcétera, fueron los principales foros en los que se comenzaron a exponer y con ello, tratar de resolver, los problemas que los han aquejado a lo largo del tiempo.
Finalmente, un aspecto que también ha destacado, es la proliferación de asociaciones profesionales en los últimos años, con el fin de coadyuvar al rescate de los fondos documentales que se encuentran en condiciones deplorables. Es un caso preocupante el hecho de observar cómo los organismos no gubernamentales han sido justamente los que más se han preocupado por la preservación de la memoria escrita que, precisamente, fue generada por nuestro gobierno para dejar constancia de sus acciones diarias.