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ARMANDO SÁNCHEZ ALBARRÁN
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ESTELA MARTÍNEZ BORREGO
Introducción
se gobierna por reglas, conformando así lo que se ha denominado “régimen
alimentario”, el cual ha pasado por dos etapas anteriores (“primero y segundo
régimen alimentario”), y a partir de 1980 nos encontramos bajo el denominado
“tercer régimen alimentario corporativo” (McMichael, 2015) o “régimen
alimentario neoliberal” (Otero, 2013).
El carácter corporativo del régimen alimentario actual se expresa en que
su base de actuación es el monopolio privado, en donde las grandes empresas
multinacionales se han convertido en los agentes económicos dominantes, ya
que la producción agropecuaria ha sido cada vez más integrada a los complejos
agroalimentarios. El capital subordina a los productores a través de venderles
insumos químicos, biológicos, mecánicos, etc., y de comprarles sus productos
como materias primas baratas para transformarlas en bienes manufacturados,
de tal manera que el procesamiento industrial de comida se ha convertido en
una esfera de acumulación de capital transnacional (Martínez et al., 2015).
Por otro lado, ese carácter corporativo se vislumbra también en el papel que
tiene el Estado como actor clave para llevar a cabo el proceso de acumulación
de capital en la agricultura, a través de instrumentar políticas agrícolas y
alimentarias de carácter neoliberal.
Así, el nuevo orden agrícola avanza potenciado por dichas políticas
fincadas en el libre mercado y apuntaladas por la firma de acuerdos comerciales,
(entre ellos y el que mayores consecuencias funestas ha traído para nuestros
productores es el TLCAN Cfr. Martínez, 2008); marcos jurídicos que facilitan
la inversión de capital; utilización de nuevas tecnologías destinadas a obtener
una mayor productividad y, sobre todo, grandes márgenes de ganancias.
Dichos instrumentos de política comercial, al estar convenidos entre
países que tienen grandes disparidades y desigualdades entre sí, benefician
a los grandes productores (la mayor parte de los países desarrollados) y
empresas agroindustriales transnacionales capaces de competir en los mercados
internacionales, y excluyen a una gran masa de pequeños y medianos productores
que no cuentan con, y no se les brindan, los recursos para hacer frente a esa
competencia desigual y global, por lo que las estructuras productivas y el
tejido social del campo están siendo desmantelados (FAO, 2013).
Además, ese nuevo orden agrícola muestra otra faceta negativa que
acompaña a esa modernización: el deterioro ambiental global. En efecto,
las actividades agrícolas mundiales son responsables de un tercio de los
Gases de Efecto Invernadero (GEI). La desforestación y quema de biomasa
son responsables del 25% de bióxido de carbono, gas que más incide en el