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ELSA MARÍA RODRÍGUEZ ANGULO
Prácticas de la red social primaria de atención a la embarazada en comunidades rurales
2. Justicia social y derechos humanos
En los últimos años, el tema de la salud materna se aborda desde el punto de
vista del monitoreo de acciones y la rendición de cuentas, dentro de un marco
de derechos humanos (AWID, 2010). En el marco normativo establecido para
mejorar la salud materna, se contemplan aspectos legales qué atender con los
familiares de mujeres que fallecen por causa materna y cuya defunción es
comprobada legalmente que se debió a fallas en el sistema de salud (CEDAW,
2012). Estas fallas incluyen deficiencias tanto en la atención por parte del
personal, como carencias de infraestructura, material, equipo y abastecimiento
de medicamentos, que tienen que ver con un trato justo y de calidad para las
mujeres rurales.
Esta forma de retribuir a los familiares de la mujer fallecida por las fallas
cometidas por los responsables de su atención, ha cobrado cada vez mayor
fuerza entre las personas que luchan por una justicia social en la salud materna.
Hasta el siglo pasado, esta forma de hacer justicia no parecía interesar a los
tomadores de decisiones, tan es así, que con el personal de salud que cometía
algún acto de negligencia no pasaba nada, es más, el programa de salud materna
mencionaba que eran de carácter no punitivo todas las recomendaciones
que se hacían para no cometer la misma falta en otra mujer. Sin embargo, el
problema actualmente se aborda en un marco de derechos humanos. Esta forma
de hacer justicia, partiendo de que la salud es un derecho de todos, garantiza
el acceso a la justicia a los familiares de las víctimas de muerte materna, en
todos aquellos casos relacionados con la violación de los derechos.
Sin embargo, el acceso a este tipo de justicia está muy limitado en el
área rural, en lo que se refiere al desconocimiento de lo que se debe hacer,
a quién y a dónde acudir en caso de necesitar ayuda para que se investigue
si la muerte fue por fallas en el sistema de salud. Los familiares que tienen
recursos de tiempo, dinero y disposición para poner una demanda médica son
generalmente del área urbana.
Asimismo, todos los trámites que hay que llevar a cabo para la investigación
requieren una inversión económica que la población de las comunidades rurales
no tiene, por lo tanto, los deseos de que la muerte de su familiar no quede
impune, no pueden cumplirse y quedan en el olvido por el sistema; pero no
para los familiares de la fallecida, quienes cargan emocionalmente con ese
sentimiento de impotencia para actuar que provoca detrimento de la imagen
de los servicios de salud.
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