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TOMÁS ORTEGA ORTEGA
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VERÓNICA VÁZQUEZ GARCÍA.
Género, gobernanza y recursos forestales no maderables.
niveles de jurisdicción y áreas de la sociedad (Ostrom, 1990). La propiedad
es una institución clave para la gobernanza, ya que estructura relaciones
sociales a través de la creación de derechos de acceso, uso, manejo, exclusión
y alineación de recursos naturales (Schlager y Ostrom, 1992). El acceso se
refiere únicamente a la posibilidad de entrar al área forestal, mientras que
el derecho de uso permite obtener recursos de ella. Mediante el derecho de
exclusión, un determinado grupo de personas establece quién puede usar
los recursos, mientras que el de la alienación incluso abre la posibilidad de
vender o rentarlos (Larson et al., 2010). El factor distintivo aquí es el poder.
Kurien (citado en Jentoft, 2004:140) menciona que “la propiedad es el término
usado para describir una concentración de poder sobre los recursos naturales
aprobada legal y socialmente”. Este conjunto de derechos se construye a partir
de identidades sociales (de género, etnicidad, edad, estado civil), situación que
refuerza la desigualdad, al limitar los derechos de grupos desfavorecidos, por
ejemplo mujeres y pueblos tribales (Ribot y Peluso, 2003; Bose et al., 2012).
En otras palabras, los derechos de propiedad determinan lo que la gente
puede hacer con los recursos disponibles. Dependiendo del contexto, hombres
y mujeres de distinta condición tendrán acceso (a nivel operativo) o derechos
de manejo, exclusión y alienación (es decir, formarán parte de un colectivo que
formula y decide sobre los derechos de los demás). La diferencia entre estos
dos es crucial: ejercer derechos no es lo mismo que participar en su definición,
por ejemplo cosechar poleo versus determinar quién, cómo, cuándo y dónde
se puede llevar a cabo la cosecha. Generalmente las mujeres tienen derechos
de acceso y uso (operativos) mientras que los hombres tienen derechos de
toma de decisiones (manejo, exclusión, alienación) (Gray y Kevane, 1999;
Rocheleau y Edmunds, 1997). Esta situación tiene impactos negativos en la
gobernanza forestal, ya que puede conducir a arreglos precarios y ambiguos
entre usuario/as del bosque, lo cual, a su vez, puede representar la sobre-
explotación de determinado recurso (Ribot y Pelusso, 2003). También puede
darse el caso de que las mujeres sean marginadas en nichos donde solo es posible
extraer recursos de bajos ingresos (Grigsby, 2004); o que se reproduzcan las
inequidades de género en la capacidad de beneficiarse de los recursos (Ribot
y Pelusso, 2003).
El presente trabajo se inscribe dentro de la corriente de GMAD (Género,
Medio Ambiente y Desarrollo), inaugurada por el trabajo pionero de Boserup
(2007), publicado por primera vez en 1970. Boserup dejó claro que la
modernización tiene un impacto diferenciado en hombres y mujeres, en
detrimento de estas últimas en lo que se refiere a las políticas de reforma agraria,