ISBN 0124-0854
N º 177 Junio de 2011 sentado en su banca, en la acera de su casa, sintiera una ráfaga de miedo.
Guerra es guerra
En la primera semana de abril de 1990 se había agudizado la guerra del Estado contra“ Los extraditables”, sindicato narcoterrorista encabezado por Pablo Escobar, Gonzalo Rodríguez Gacha y otros grandes capos del narcotráfico que decidieron que acabarían con el tratado de extradición con Estados Unidos al costo que fuera.“ Preferimos una tumba en Colombia que una celda en Estados Unidos”, sentenciaban.
Era la época de los carros bomba; de los ajusticiamientos; del secuestro y asesinato de grandes personajes de la vida pública del país; de muertos en la orilla de las carreteras y en los baúles de los carros; de la muerte de Rodrigo Lara Bonilla, ministro de Justicia; de la voladura, en pleno vuelo, del avión de Avianca; del asesinato de Luis Carlos Galán, esperanza política de la Nación; de la gigantesca bomba del DAS( Departamento Administrativo de Seguridad) para atentar contra Miguel Alfredo Maza Márquez, su director, y enemigo personal de Pablo Escobar; y también, fue el tiempo de una guerra sucia donde muchas veces el ejercicio legítimo de la fuerza se excedió, especialmente contra los antioqueños, los paisas, que eran vistos en Colombia y en el mundo como sicarios, mafiosos o mínimo,
como cómplices silenciosos del narcoterrorismo que acababa con el país.
Y Medellín era el principal campo de batalla de esa confrontación entre el Estado y la mafia: la“ narcoguerra”. Durante 1990 murieron violentamente en la ciudad 5.411 personas. Un promedio macabro de quince muertos por día.
De hecho, el martes tres de abril de ese año, una nueva orden de guerra fue impartida por Pablo Escobar y“ Los extraditables”: asesinar policías. La terrible iniciativa era la resultante de los reveses en la negociación subterránea entre“ Los extraditables” y el Gobierno de Virgilio Barco Vargas para tumbar la extradición y establecer unas condiciones favorables para que los narcoterroristas se entregaran a la justicia. Era también la respuesta al accionar del Estado que había decidido atacar con todo su poder y cuyas medidas incluían, entre otras, el nombramiento de alcaldes militares en Envigado y La Estrella.
Se produjeron entonces gigantescas redadas y operativos para detectar a miembros de la mafia, a delincuentes y sicarios que tanto daño habían hecho. Pero tal vez la operación más amenazante para el colectivo mafioso fue la llegada a Medellín, entre agosto de 1989 y el transcurso de 1990, de cerca de cinco mil policías, entre ellos cinco compañías del Grupo Élite: seiscientos hombres con el objetivo de acabar con ese mal que consumía