ISBN 0124-0854
N º 137 Octubre de 2007 recursos naturales, lo que generó pérdida de grandes extensiones de biodiversidades y consecuencias como el calentamiento global del planeta.
Sin embargo, la sola expedición de instrumentos normativos no basta para solucionar esta problemática; es necesario que la comunidad participe en la toma de conciencia y en las acciones por seguir, ya que ellas cumplen el rol como agentes fortalecedores de procesos transformadores, en los cuales se precisa el problema ambiental, sus causas y riesgos y, de esta forma, se proponen soluciones posibles dentro de los lineamientos estratégicos que define la política ambiental.
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Históricamente, las primeras preocupaciones y el interés por promover la participación de la comunidad de forma sistemática surgieron dentro de la propuesta de trabajo denominada“ organización de la comunidad”, que tuvo su origen en Estados Unidos en la segunda década del siglo xx. Dentro de dicha corriente se definieron por primera vez los principios que debían regir esta modalidad de intervención social, otorgando protagonismo a
las personas afectadas en problemáticas ambientales.
En Colombia, el artículo 79 de la Constitución Política señala que es un derecho de los ciudadanos participar en las decisiones que afecten el medio ambiente y, en consecuencia, el desarrollo económico y social debe ser compatible con la preservación, protección y recuperación de los recursos naturales que requieren las comunidades para su progreso.
No es posible hablar de solución a problemas ambientales como el cambio climático, sin abordar una estrategia de participación; pero, asimismo, es claro que la participación social por sí misma no es la panacea mientras no esté inscrita en procesos territoriales, pensados en función de la reconstitución de espacios donde las actuaciones sociales tengan efectos tangibles, apoyados en la consolidación de lo público, fundamento también de los recursos naturales en tanto elementos estratégicos para el desarrollo. 1
Por tanto, la participación de las personas que interactúan directamente con el ambiente se hace prioritaria, se hace cada vez más imprescindible que la sociedad se movilice para exigir la solución a los problemas ambientales, los cuales no son competencia exclusiva de los órganos del Estado. La protección implica la generación de una participación amplia de las comunidades que garantice la sostenibilidad de los ecosistemas