ISBN 0124-0854
N º 124 Agosto de 2006
El gran consenso
Por Helena Herrán de Montoya
La Constitución de 1991“ es una gran obra de construcción colectiva, donde no hay vencedores ni vencidos”( César Gaviria Trujillo). Fue el fruto del consenso en una Asamblea cuyos dignatarios fueron elegidos en forma democrática. Por primera vez en Colombia, le fue confiada la expedición de la“ norma de normas” a un grupo de personas heterogéneo, en uno de los períodos más difíciles de su historia, marcado por el terror y la lucha contra el narcotráfico. Nada más desolador que los cadáveres dejados al paso de los estallidos de las bombas en calles y edificios, especialmente en Medellín y Bogotá, los secuestros, y los asesinatos de candidatos presidenciales. Ese fue el entorno social de la Asamblea Nacional Constituyente, con miembros provenientes de los más diversos orígenes en el campo social, económico, cultural, religioso, étnico, ideológico y profesional, donde pudimos participar gracias al favor popular, cuatro mujeres entre los 70 constituyentes elegidos y cuatro más fueron designados como resultados de los acuerdos de paz que se desencadenaron con su convocatoria.
Esta Constitución responde a los anhelos del pueblo colombiano, quien participó no
solamente con la elección de su Asamblea, sino con las propuestas que se hicieron en las mesas de trabajo. En el artículo 1 de la Constitución se declara:
“ Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran, y en la prevalencia del interés general”.
La Constitución contiene una amplia carta de derechos que ha acercado a los ciudadanos y consigna mecanismos de protección de esos derechos y libertades, buscando superar la simple retórica, como son las acciones de tutela, colectivas y de cumplimiento. Alrededor de 1.400.000 personas han acudido a la tutela para reclamar el respeto o el restablecimiento de sus derechos.
Robustece el Congreso para que cumpla su función legislativa y fiscalizadora y lo dota de instrumentos para ejercer un mayor control político al Ejecutivo.